Comisión de fiscales llega a Yapacaní a revisar el cuadernillo de investigación de la violación a un niño
Este martes denunciaron al fiscal que rechazó en primera instancia la denuncia de la familia del menor y al médico del IDIF que no detectó la violación en su valoración forense
Una comisión de fiscales llegó este martes hasta el municipio de Yapacaní para revisar el cuadernillo de investigación de la violación seguida de muerte a un niño de 11 años. De esta manera se inició la indagación en busca de identificar a funcionarios públicos que cometieron hechos irregulares durante el proceso de este caso.
Fiscales de Sucre y de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz conforman la comisión, por disposición del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien ordenó hacer una investigación exhaustiva a todo el trabajo que realizaron los servidores del Ministerio Público en las diferentes etapas de la investigación.
El fiscal de Yapacaní, Julio César Bustos, quien lleva el caso desde su inicio, entregó el cuadernillo a la comisión para que sea analizado. Señaló que serán sus colegas quienes emitirán un informe sobre las actuaciones que realicen.
"Ellos emitirán su opinión, se analizó todas las actuaciones desde el primer momento hasta el final. (Los miembros de la comisión) no emitieron ningún criterio sobre la revisión de los documentos", comentó Bustos.
Fiscal denunciado
El abogado Marcelo Ochoa, representante legal del diputado del MAS Rolando Cuéllar, llegó esta tarde a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para presentar una denuncia penal contra tres funcionarios públicos, quienes presuntamente incurrieron en los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Los denunciados son: el fiscal Julio César Bustos; el médico forense del IDIF, Luis Fernando Moreno, y la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, Silvia Suazo.
Según Ochoa, Bustos rechazó la primera denuncia de la familia del niño afectado el 19 de octubre de 2021, pero la aceptó cuando la víctima tuvo complicaciones de salud a finales de mayo de este año. Mientras que el médico emitió un informe con falacia, pues indicaba que el menor no había sido violado, pese a que ya le habían detectado una enfermedad de transmisión sexual.
A la representante de la Defensoría se la acusa de no hacer seguimiento al caso y no brindarle las medidas de protección al menor. Por esta razón, el diputado Cuéllar, a través de su abogado, está pidiendo que estos tres servidores públicos sean sancionados penalmente.
