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En la primera semana de inspección a la Chiquitania, la Comisión en Defensa de Tierra Territorio y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa Departamental encontró varios asentamientos irregulares que fueron autorizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entre los cuales está una comunidad instalada en el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu (Chargua) y otras que fueron creadas solamente para la explotación de madera.

Aida Gil, asambleísta representante de los pueblos indígenas, comentó que esta reserva está catalogada como Territorio Indígena Ancestral Guaraní, por lo que la ley prohíbe cualquier asentamiento sin una consulta previa al pueblo indígena. Añadió, que pese a esta normativa, el INRA emitió una resolución para aprobar la creación de la comunidad denominada “Oro Verde”.

Gil comentó que se verificó otra comunidad autorizada por el INRA para albergar a 16 familias, pero se constató que solo había una casa y una maquinaria que estaba realizando la excavación del segundo pozo de agua. “Hemos hablado con el maquinista y nos dijo que trabaja para un solo dueño que vive en Santa Cruz. Entonces las 16 familias solo fueron un palo blanco para crear esta comunidad fantasma”, lamentó.

Solo se encontró una vivienda en la comunidad Oro Verde

Según las investigaciones de la Comisión, estas comunidades “fantasmas” son ocupadas "para sacar madera y hacer carbón, lo cual provoca daños en la flora y fauna del lugar".

Mientras que en el municipio de Roboré, la comisión de asambleístas encontró otra comunidad abandonada dentro de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca. En el lugar se hallaron enseres y herramientas, pero no había habitantes. “Los asentamientos no planificados perjudican el medioambiente, además que son los que propician la provocación de incendios”, dijo Richard Rivas, director de la Unidad de Conservación.

Por su parte, la asambleísta por la provincia Velasco, Yelly Baldivieso, informó que, también se encontró sin habitantes y con casas abandonadas a la comunidad Posoyó, la cual cuenta con una resolución del INRA para 22 familias

Mientras que el representante de la provincia Chiquitos y presidente de esta comisión, Ivan Quezada, indicó todos estos asentamientos irregulares que se encontraron durante la primera semana de inspección en la Chiquitania tienen aprobación del ente agrario. Asimismo, pidió respetar la administración de sus tierras a los Gobiernos Autónomos Indígenas para tener una adecuada conservación del medioambiente.

La comunidad Posoyo fue encontraba con casas abandonas y sin habitantes.


Sobre el tema, la asambleísta por la provincia Germán Bush, Margoth Cuéllar, señaló que se pedirá que se anulen las resoluciones emitidas por el INRA, en especial para las comunidades que se encuentran dentro de un área de conservación ecológica. Añadió que se pedirá que se instale la Comisión Agraria Departamental para acabar con estas irregularidades.

Este lunes, la Comisión de la Asamblea iniciará su segunda semana de inspección y viajará hasta el municipio de Pailón, luego a la provincia Velasco y volverán a San Ignacio de Velasco. Ya se visitó Roboré, Carmen Rivero Tórrez y Charagua.

Según el presidente del Comité Cívico de San José, Darlyn Méndez, en estos últimos 5 años se han registrado aproximadamente 450 asentamientos irregulares, en los cuales se han visto afectadas propiedades privadas, comunidades originarias y reservas naturales.


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