Una delegación fiscal y policial arribó hasta las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, para realizar un registro del lugar entorno a la denuncia de presuntas irregularidades en la contratación y compra de crudo a la empresa Trafigura.
El fiscal Omar Quisbert Rosales indicó que se indagan al menos tres presuntos delitos, que van desde contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
"Se realizará el registro del lugar de los hechos sobre la denuncia del proceso de contratación y la compra de crudo de YPFB respecto a la empresa Trafigura, recalcó.
Señaló que las investigaciones se desarrollan contra presuntos autores, pero no descartan ampliar la misma luego del registro de las oficinas en Santa Cruz.
El pasado 31 de marzo, el Gobierno anunció la suspensión de los contratos con la empresa proveedora Trafigura, tras las investigaciones por el combustible importado desestabilizado que se comercializó en el país.
La medida surgió luego de los reclamos de la población y denuncias de daños de en sus vehículos y el Gobierno inició las acciones a miras de establecer responsabilidades en la cadena de abastecimiento del carburante en el territorio nacional, desde la importación hasta la distribución.
Sin embargo, en respuesta a ello, la transnacional Trafigura aseguró que los contratos con YPFB no harían referencia al suministro de gasolina y que éstos estarían vigentes con el Gobierno boliviano, alegando cumplir con sus obligaciones y durante sus contratos, además no habrían recibido quejas respecto a la calidad del producto, por parte de la estatal petrolera. Por todo esto, los contratos siguen vigentes.