Comisión técnica lamenta postura cerrada y política del Gobierno en torno al censo

A su retorno a Santa Cruz, Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm y presidente del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023, lamentó que hubiera primado “la postura política del Gobierno”, en la mesa técnica convocada en Trinidad. Los técnicos desplazados para justificar la propuesta cruceña se retiraron de la reunión el martes por la noche debido a que su propuesta no fue escuchada.

Tanto Cuéllar, como Melvy Vargas, José Luis Santistevan y Jorge Akamine, miembros de la comisión técnica, dijeron haber demostrado que los tiempos del proceso censal se pueden reducir. Lamentaron que el Gobierno no escuche y se niegue a considerar propuestas intermedias para acabar con el conflicto en el departamento.

Cuéllar le recordó al presidente, Luis Arce, que tiene la oportunidad de pacificar el departamento y el país. Espera el mandatario haga una correcta lectura de la realidad del país “para que, con el decreto supremo que promulgue, logre darle una tranquilidad a este pueblo cruceño que, pacíficamente viene cumpliendo un paro indefinido”.

Las determinaciones serán tomadas después de una reunión del Comité Interinstitucional, que además deberá escuchar el informe de la comisión técnica, que retornó este miércoles. Se prevé que el jueves se de el encuentro con el resto de instituciones que conforman el Comité.

El rector llamó a los líderes a hacer un sacrificio por el pueblo.

“Venían con una consigna política, y el debate técnico -obviamente- quedó por debajo de esa postura política y al final el Gobierno salió con su propuesta, porque no lograron entender ni escuchar la propuesta técnica de Santa Cruz”, expresó el rector.

Sobre las declaraciones del vocero presidencial, Cuéllar las descalificó, primero porque -dijo- este “no sabe de censo”, y segundo, porque no estuvo presente en la mesa técnica.

“Quien ha contaminado políticamente el proceso ha sido el Gobierno y, en este caso, el vocero, que vierte algunas declaraciones sin conocer los pormenores del trabajo técnico desarrollado en estas mesas”, indicó.

“El escenario era totalmente adverso, porque era como hablar con una pared. No entendieron los motivos, las razones, la justificación técnica de nuestra propuesta que, evidentemente, permitía desarrollar el censo en 2023. Con algunos criterios absurdos se cerraron en la matriz que ellos tenían”, describió.

Lamentó que el Gobierno le hubiera dado mayor importancia a la labor administrativa, en detrimento del proceso censal en sí mismo.

Vargas resaltó que, por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó su cronograma detallado, que esperaban conocer en julio pasado. También se refirió a que el INE se negó a cualquier sugerencia u observación que apuntaran a reducir tiempos.

“En la parte técnica, yo creo que hemos agotado todo. Les hemos explicado, no hay una aceptación del trabajo; se han negado a cualquier sugerencia de cambio”, manifestó.

Por su parte Cuéllar se refirió a la mesa técnica como una “consultoría gratuita” para el INE, que obtuvo insumos de los técnicos asistentes para mejorar y corregir su propuesta. Insistió en que hasta el momento no ha presentado su propuesta técnica impresa, un documento importante, que no se conoce.

“El trabajo (del Comité Interinstitucional) fue menospreciado. Decían que no tenía sustento técnico. Sin embargo hemos demostrado que sí tenía; hemos presentado las hojas de cálculo, todas las explicaciones de cómo hemos trabajado y de dónde salían los tiempos de los cronogramas”, detalló Vargas, sobre su participación en cuatro jornadas que describió como de trabajo intenso.

A su turno, Santistevan indicó que la comisión le presentó al presidente Arce un proyecto de decreto supremo que determina que el censo debe hacerse en 2023. Asimismo, el miércoles se le entregó al ministro de Planificación el informe técnico firmado por cuatro regiones en el que se demuestra cómo reducir los plazos del proceso censal.

“En este momento el señor presidente debe reflexionar, porque tiene ese proyecto de decreto, la pelota está en su cancha y para frenar la confrontación debería aprobar ese decreto”, señaló el abogado.

También cuestionó que el INE no goce de autonomía, como indican las normas, y esté “de rehén del Gobierno”.

Santistevan ve un avance en que el Gobierno hubiera manifestado que los resultados preliminares del censo estarán listos en octubre, cinco meses después de la consulta planteada por ellos, frente a su propuesta inicial, en la cual esos resultados estarían listos después de un año.

Akamine, de su lado afirmó que se demostró que se pueden reducir los tiempos y optimizar los recursos, como también plantearon otras delegaciones, como Tarija, La Paz y Beni.

“En esa reunión de sordos solo primó un aval del INE por parte de los técnicos que venían en representación de instituciones que comparten criterios con el MAS. El tema técnico prácticamente ya no tiene tiempo y es una decisión política la que tiene que dar una solución a este problema del censo en 2023”, dijo Akamine, que además señaló que el diálogo se empantanó en la actualización cartográfica.