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El Comité Cívico Pro Santa Cruz presentó este miércoles una denuncia formal ante la Fiscalía contra el ex ministro Héctor Arce Zaconeta y el ex procurador Pablo Menacho por haberse adjudicado un contrato millonario de prestación de servicios con la Empresa Siderúrgica del Mutún.

Según el Sicoes, el objeto de contratación es brindar servicios jurídicos para defensa en proceso arbitral ESM- Jindal Steel. La adjudicada es Alliance Abogados Asociados S.C, por un monto de Bs 2.505.600. La modalidad de contratación es “por excepción”.

Esta modalidad fue criticada por el asesor legal del Comité, Jorge Valda, quien considera que se debió lanzar una convocatoria pública para que otros consorcios de abogados hayan presentado sus propuestas y adjudicar el contrato mediante una licitación.

La contratación se la realizó en un plazo de 30 días bajo la modalidad por excepción y la firma de profesionales está compuesta por cuatro abogados, dos de ellos que durante su mandato (autoridades de Gobierno) tuvieron información privilegiada, lo que les impide y acceder a este beneficio”, explicó.

La denuncia fue realizada por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, contratos lesivos al Estado, resoluciones contrarias a la ley, uso indebido de información privilegiada e enriquecimiento ilícito.

“El Ministerio Público debe investigar y sancionar a los responsables de estos delitos. Los denunciados son las exautoridades de la Procuraduría del Estado, Héctor Arce, Pablo Menacho y el presidente del Mutún, Gustavo Choque”, remarcó.

 Menacho descartó que hubiera sido una contratación directa. “Lo que hubo, en realidad, fue una convocatoria pública nacional e internacional que la lanzaron el 19 de marzo. El 29 de marzo se amplió por el feriado de Semana Santa y el 5 de abril fueron presentadas las propuestas”, precisó.

Además, advirtió que además de Alliance Abogados Asociados S.C. se presentaron otros estudios de abogados, no solamente nacionales, sino también internacionales. “Finalmente, el 12 de abril, nos notificaron que nos habían adjudicado con una resolución que si no me equivoco era del 10 de abril”. Carlos Alarcón replicó que debió ser una licitación completamente abierta, pública, para que todos los bufetes se presenten “y no haya posibilidad de orientar la licitación”.

El exprocurador también señaló que la adjudicación se hizo “justamente en base a la experiencia que tenemos nosotros en el arbitraje internacional y por el hecho de que como abogados del Estado tuvimos resultados concretos”.

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