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El Comité pro Santa Cruz, a través de sus representantes legales, asume la defensa de Rómulo Calvo, quien fue destituido de sus funciones en la Caja Petrolera de Salud, según una resolución que fue difundida en las últimas horas. 

En una entrevista con EL DEBER Streaming, el abogado de la entidad cívica cruceña, Jorge Valda, sostuvo que se alista un recurso de impugnación y se pedirá que se revoque la decisión tomando en cuenta que se da de forma irregular al no considerar elementos básicos como el tema del fuero sindical, parte del derecho social y laboral, que es respaldado por las normativa vigentes y por la Organización Internacional del trabajo.

El fuero sindical es una garantía de la que gozan trabajadores de no ser despedidos mientras cumplen su rol como representantes de los trabajadores, entre otros aspectos. Calvo es presidente del Sindicato Médico de Ramas Afines (Sirmes).​​

En este sentido, Valda asume la defensa de un trabajador despedido de manera irregular, según el detalle, que en este caso es Rómulo Calvo. Consideró que por influencias del Gobierno sobre la Caja Petrolera se busca "consolidar una persecución que se tradujo en la destitución" e, incluso, se apunta a pedir de vuelta los salarios que Calvo recibió en este tiempo.

La destitución también aplica para el exdirigente cívico Oscar Fernando Castedo Cadario, por lo que el jurista manifestó que se asumirán labores de defensa en favor de todo ciudadano o ciudadana que sea perseguido o amedrentado por el Gobierno de turno.

"Estamos trabajando en una impugnación, vamos a apelar a la destitución y presentaremos el recurso de revocatoria ante todas las instancias que correspondan a nivel administrativo e institucional", apuntó el abogado, al igual que se acudirá a organismos internacionales.

Usted puede ver la entrevista a partir del minuto 05:38:

De momento, la resolución es un fallo que muestra de "la manipulación y el sometimiento que tienen las autoridades del área médica para apartar a un profesional y desconocer el fuero sindical. Así se cumple el mandato del Gobierno de perseguir, amedrantar y procesar, al igual que atentar contra la fuente de trabajo", precisó Valda.

Si la resolución no está ejecutoriada no puede ser aplicada y Valda ve que se quiere proceder a la desestabilización institucional de la Caja Petrolera, a tiempo de acusar al diputado Rolando Cuéllar (MAS) de atentar contra el derecho al trabajo, tomando en cuenta que todo esto nace a raíz de su denuncia por las supuestas inasistencias de Calvo para cumplir sus labores como médico.

En caso de que se cumpla la destitución, significaría que se desconoce el lugar de Calvo como dirigente sindical, por lo que Valda también adelantó que se presentarán acciones penales por delitos como uso debido de influencias, atentado contra de libertad del trabajo y todos los delitos que se cometen al generar esta "persecución abusiva y absurda".

"Vamos acudir a organismos internacionales para que el mundo sepa que Bolivia (el Gobierno), que dice ser un país que protege a los trabajadores, lo único que hace ahora es proteger los intereses de un partido político", señaló Valda.

"La destitución de Rómulo Calvo no es solo un acto de persecución ilegal, sino también un acto inhumano propio de una dictadura que busca arremeter contra quienes piensan diferente", concluyó el abogado de Calvo.

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