Comité pro Santa Cruz oficializa denuncia contra el ministro de Minería por el caso Mutún
Por este caso, también ya fueron denunciados las exautoridades de la procuraduría del Estado, Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, presentó este miércoles una denuncia formal contra el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, por el caso Mutún, donde se estaría investigando una presunta contratación de servicios de manera irregular, de un consorcio de abogados del cual es parte dos exautoridades de la Procuraduría del Estado.
Según el Sicoes, el objeto de contratación es brindar servicios jurídicos para defensa en proceso arbitral ESM- Jindal Steel. La adjudicada es Alliance Abogados Asociados S.C, por un monto de Bs 2.505.600. La modalidad de contratación es “por excepción”.
Otro de los denunciados es Gustavo Choque Velásquez, presidente ejecutivo interino de la Empresa Siderúrgica de El Mutún (ESM), quien, según Calvo, tendría conocimiento de este contrato millonario al igual que el ministro Villavicencio.
“Queremos que el presidente de Bolivia, tome manos en el asunto porque estamos exigiendo que toda esta rosca de equipo, que viene realizando daños en el Mutún y que perjudica el desarrollo de la provincia German Bush, sea castigado conforme a la ley”, pidió Calvo.
La semana pasada, el asesor legal del Comité, Jorge Valda, también presentó una denuncia ante la Fiscalía departamental de Santa Cruz contra el ex ministro Héctor Arce Zaconeta y el ex procurador Pablo Menacho, por haberse adjudicado el contrato millonario de prestación de servicios con la Empresa Siderúrgica del Mutún.
La denuncia fue realizada por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, contratos lesivos al Estado, resoluciones contrarias a la ley, uso indebido de información privilegiada e enriquecimiento ilícito.
“La contratación se la realizó en un plazo de 30 días bajo la modalidad por excepción y la firma de profesionales está compuesta por cuatro abogados, dos de ellos que durante su mandato (autoridades de Gobierno) tuvieron información privilegiada, lo que les impide y acceder a este beneficio”, explicó Valda el pasado miércoles.
