Comunidades indígenas en alerta ante trámites de licencia para exploración minera en Roboré

La Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Cichar), con el apoyo de pobladores y activistas de la zona, se declararon en emergencia ante trámites de licencia para actividad de exploración minera en ese municipio, en un área aledaña al Valle de Tucabaca, que afectaría a tres comunidades indígenas.

Se trata de Yororobá, Quitunuquiña y Aguas Calientes, cuyos pobladores, con el respaldo de la Cichar, emitieron un pronunciamiento para expresar su rechazo contundente a cualquier tipo de actividad minera en la zona. 

La decisión fue tomada luego del trámite iniciado por la empresa minera Walfremar SRL ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para la otorgación de licencia de prospección y exploración sobre el área denominada Aguas Calientes, en 83 cuadrículas.

Nardy Velasco Vargas, cacique mayor de la Cichar, indicó que harán llegar a la AJAM un pronunciamiento de todas las comunidades indígenas de la zona, pidiendo la anulación de cualquier trámite de licencia para la exploración minera en Roboré.

Precisó que tienen conocimiento que hay en curso hay una solicitud de licencia que afecta un área donde están asentadas las comunidades indígenas de Yororobá, con 29 familias; Quitunuquiña, con 45 familias; y Aguas Calientes, con 300 familias.

“La preocupación es grande por el impacto ambiental. Rechazamos cualquier actividad minera que se puede generar, lo que puede implicar la destrucción de nuestros bosques y fauna, y sobre todo la contaminación de nuestras aguas”, indicó Velasco.

Por su lado, Eder Santibáñez, coordinador del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, manifestó que la solicitud de licencia de prospección y exploración en la zona abre puertas a la primera etapa dentro de la actividad minera y, si esto prosigue, lo siguiente es la solicitud de explotación.

El mapa muestra el sector solicitado para la exploración

Señaló que, de las 83 cuadrículas solicitadas para la exploración, 13 están dentro de la comunidad indígena de Aguas Calientes, dos en Quitunuquiña y una en Yoyororobá, y el resto, en predios privados, es decir, en la zona de amortiguamiento del Área Protegida Tucabaca. 

Cada cuadrícula equivale a 25 hectáreas, por lo que son 400 hectáreas de afectación directa en comunidades indígenas, dijo Santibañez.

“Esto es gravísimo porque, justamente esta zona se encuentra sobre el escudo precámbrico o escudo chiquitano, que es una laja extensa, donde se da la filtración de agua de la serranía de Santiago que, a medida que va interiorizándose al núcleo de la tierra, va elevando su temperatura, y luego sale en los ojos de los hervores. Gracias a ese fenómeno, tenemos el río de Aguas Calientes, uno de los más grandes de aguas termales de Latinoamérica”, manifestó Santibañez al informar sobre los servicios ambientales que existen en la zona.

Indicó que desconocen qué tipo de minerales se buscan explorar, pero alertan que las pruebas incluyen el uso de químicos que pueden generar contaminación ambiental. Esto más cuando en esta área se encuentran las nacientes de agua y tomas que abastecen a la zona.

La respuesta de la AJAM

Por su lado, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, mediante un comunicado público, aclaró que las licencias de prospección y exploración únicamente permiten la ejecución de estudios preliminares en un área minera; no otorgan autorización para realizar la explotación de recursos minerales.

Específicamente en el municipio de Roboré, señala que no se otorgó ningún permiso o contrato administrativo minero, para realizar actividades de explotación minera, en cuyo trámite es obligatorio realizar la consulta previa. 

Si bien, en la Dirección Departamental de Santa Cruz de la AJAM cursa una solicitud de licencia de prospección y exploración, esta petición no ha sido otorgada.

La directora de Fiscalización, Control y Coordinación Institucional de la AJAM, Gabriela Pantoja, recalcó que se emitió una aclaración pública explicando que no se ha otorgado ningún permiso ni contrato para la realización de actividades de exploración minera.

“Para realizar actividades de explotación minera se tiene que contar con un contrato administrativo que sigue un procedimiento, hay varios pasos a seguir y la AJAM no ha emitido ningún contrato. Tampoco hemos emitido licencias de prospección y exploración, hay que hacer hincapié que esta licencia tampoco permite la explotación, porque solo sirve para realizar estudios preliminares”, remarcó.

Pantoja indicó que la AJAM realiza la consulta previa en todo proceso de otorgación de derecho a través de contrato, porque que ante todo se resguarda y protege las áreas.

“Efectivamente existe una solicitud de licencia de prospección en curso, pero esta no ha sido otorgada, no ha sido finalizada. La AJAM tiene la potestad de analizar requisitos técnicos, legales y de órgano administrativo para ver si es viable la otorgación de una licencia de prospección en este caso específico”, subrayó con respecto al documento presentado por los pobladores.

Insistió en que está en trámite la solicitud de un permiso de prospección, pero todo esto está sujeto a cualquier información técnica. “Si nosotros encontramos que hay áreas que están sujetas a restricción, como se ha aseverado, en ese caso, por supuesto, la AJAM va a asumir una medida de protección a nuestros recursos de orden público, de nuestras lagunas, de nuestros ríos o a lo que corresponda, porque para nosotros eso es prioritario”, indicó.

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