Con cinco votos a favor y tres abstenciones, el Concejo Municipal cruceño aprueba el POA 2023

Con cinco votos a favor y tres abstenciones, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, aprobó este jueves, 1 de septiembre, el Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto del municipio para 2023.

La sesión, que se llevó a cabo en el coliseo Las Orquídeas del Plan Tres Mil, estuvo marcada por gritos y abucheos de parte de barras bravas que apoyaban a los concejales de la UCS y el Movimiento Al Socialismo (MAS) y que no permitían a los opositores realizar sus observaciones con tranquilidad.

Además, se observó la presencia de numerosos funcionarios municipales y algunos exfuncionarios, entre ellos se encontraba la exdirectora de cementerios, Cindy Camacho, quien en junio de este año puso su cargo a disposición tras varias denuncias de corrupción en la repartición que ella administraba.

El concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, inició los cuestionamientos al presupuesto señalando que se pretendía pagar montos millonarios para “fiscalizar contratos”, además de Bs 12.5 millones en publicidad, “es decir, más letreros con la cara del alcalde”, a decir del concejal opositor. También observó una cotización de Bs 70 millones en una consultoría.

Otro punto que no tiene sentido para Saavedra, es que la Alcaldía haya adquirido 19.635 computadoras Quipus Kuaa para esta gestión, pero para el 2023 solo se están presupuestando 16.027, por lo que ve que el alcalde Jhonny Fernández estaría incumpliendo con su promesa electoral.

“En el tercer año de gestión municipal, solo tres de cada 10 alumnos van a tener Tablet, además es bueno aclarar que los equipos no son regalados, son prestados”, dijo Saavedra, a tiempo de proponer ampliar el plazo para revisar los informes por una semana más.

En respuesta a las observaciones de Saavedra, el secretario municipal de Administración y Finanzas, Mario Centellas, aclaró que los “contratos de fiscalización” a los que hacía referencia el concejal en realidad no son de fiscalización, sino de alquiler de maquinarias y servicios.

Respecto a la digitalización, Centellas indicó que se trata de la primera parte del proyecto “La Santa Cruz Digital”, otra de las promesas de campaña del alcalde, que pretende colgar en la red todos los sistemas del Gobierno Municipal.

Raúl Ascarrunz, director municipal de Educación, refiriéndose a la compra de las computadoras Quipus, explicó que las 19.635 que se adquirieron este año serán entregadas desde este mes a los estudiantes de sexto de secundaria y las presupuestadas para el próximo año se entregarán a los estudiantes de quinto.

El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), José Antonio Alberti, cuestionó que la mayoría de los presupuestos dentro del POA carecen de un estudio de cálculo, es decir, no hay las explicaciones de cómo se llegó a ese monto, situación que no garantiza la transparencia, ya que las obras se pueden “inflar”.

En la misma línea, el concejal de C-A, Juan Carlos Medrano, adelantó que se abstendría de votar por un presupuesto “que no representa las necesidades de la gente” y señaló algunas observaciones, como supuesto sobreprecio en el mantenimiento de aires acondicionados y en la compra de chalecos.

“A mí me daría vergüenza que por un sueldo personas pierdan su dignidad de defender lo indefendible”, expresó Medrano, refiriéndose a las barras de la UCS que no paraban de abuchearlo mientras daba a conocer su postura.

Lamentó que por primera vez el municipio vaya a manejar un presupuesto tan elevado, que roza los $us 600 millones, pero se lo ejecute sin escuchar las necesidades de la gente.

“No podemos traicionar a Santa Cruz, no podemos regalarnos aprobando unos papeles que están mal hechos. Yo no me voy a prestar a esto”, afirmó.

Por su lado, la vicepresidenta del Concejo Municipal, Lola Terrazas, también de C-A, se sumó a los cuestionamientos. Observó que el presupuesto de 2023 subió un 20% con relación al 2022 y que ese aumento salga de la “actualización catastral y la plusvalía”, que según Terrazas podría significar “perseguir a los vecinos para que paguen sus impuestos”.

También criticó el polémico impuesto que se pretende cobrar a los turistas que visiten el municipio capitalino, argumentando que no se ha invertido en incentivar el turismo, por lo que sería ilógico aplicarlo.

A su vez, mencionó otras observaciones como la falta de centros de salud en la zona norte, que no están contemplados dentro del presupuesto, y la disminución de recursos en los hospitales de segundo nivel de la Villa Primero de Mayo y El Bajío.

Pese a conocer las observaciones de los concejales opositores y escuchar las sugerencias de ampliar el plazo para revisar los informes, el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, continuó con la votación, dándose por aprobado el POA 2023 con votos a favor (cuatro de la UCS y uno del MAS) para posteriormente ser remitido al Ejecutivo Municipal.

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