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Cuando se habla de un sistema carcelario hacinado en Santa Cruz, el ejemplo más gráfico es la carceleta de Montero. Celdas pequeñas con internos que parecen estar pegados a los barrotes de sus puertas y cientos de personas que tratan de quedare inmóviles en el patio del lugar para no chocar con sus compañeros, así se ve parte de la realidad que padecen más de 400 privados de libertad.

A poco más de una cuadra de la plaza principal montereña, está el centro de reclusión más hacinado de país y, seguramente, uno de los más colapsados de esta parte del mundo. Para acceder al lugar, que es parte de la infraestructura que ocupa Radiopatrullas 110, el PAC y las oficinas del Comando de la Policía del Norte Integrado, se debe pasar todo el pequeño patio que tiene la unidad policial y cruzar dos rejas metálicas, negras, grasosas y oxidadas.

La primera señal de ingreso al centro penitenciario de Montero, además de la muchedumbre que parece parte de una manifestación en cualquier parte del país, es el cambio de aire. El que deben compartir los reclusos es más denso, no corre, está estancado y el ambiente tiene una mezcla entre humedad y calor.

Cientos de rostros aparecen por los cuatro puntos cardinales del lugar, que fue fundado en 1999.Tiene cuatro celdas de seis por seis donde viven cerca de un centenar de personas y hasta el martes tenía, en medio de ese enjambre de cuerpos, a 35 mujeres que ya son parte del nuevo complejo carcelario montereño, el monstruo de cemento que está camino a Okinawa y que reemplazará a la carceleta del hacinamiento.

El virus no entró

Por extraño que parezca y resulte poco creíble, la carceleta con todo y su hacinamiento no tuvo ningún caso de Covid-19.

“No lo dejamos entrar o tal vez se fue porque no quería estar apretado”, bromea uno de los reclusos que está parado al lado de la puerta de ingreso.

Él, que no quiere identificarse, dice que está metido en esa cárcel hace ya tres años, tiempo en el que asegura su cuerpo aprendió a dormir parado, comer lo que haya y a soportar los olores de todos.

Pero la afirmación sobre el coronavirus que hizo es cierta, ya que los reportes médicos y de la Dirección de Régimen Penitenciario no mencionan un solo caso de Covid-19 en este penal.

“Si uno hubiera tenido la enfermedad, aquí la cosa se hubiera puesto realmente fea”, afirma Marcos Dongo, el director penitenciario del departamento, que fue el vocero de las buenas nuevas para los privados de libertad de este centro.

Dongo, un ex policía, licenciado en Derecho y por ahora funcionario público, luego de cruzar apresuradamente la puerta de ingreso de la carceleta se paró en el poco espacio que se había hecho en el ingreso del centro. Desde allí, con voz grave y fuerte, se presentó. Dijo que las mujeres no volverían al lugar porque inauguraron un espacio digno para su encarcelamiento en el Centro de Readaptación Productiva Montero (Cerprom), pero, además les aseguró que hasta final de la segunda semana de diciembre de este año dejarían la carceleta para inaugurar el módulo nuevo del Cerprom, donde, además de espacio, tendrán terapias ocupacionales y educación.

La noticia desató los aplausos de los más de 400 reclusos que tienen años, meses, semanas y días siendo parte del lugar. Como ocurre con Federico, un reo que está preso por un delito sexual y vive hace más de 10 años en medio del tumulto constante, donde la tuberculosis siempre está al acecho.

Muchos quedaron en silencio al escuchar la noticia, probablemente incrédulos del anuncio de cambio, y solo reaccionaron cuando Dongo les preguntó si no les agradaría dejar el lugar donde ahora están encerrados. Hubo algunos que preguntaron si la nueva infraestructura carcelaria sería un régimen abierto, a lo que al encargado de las cárceles del departamento les aseguró que el nuevo lugar sería más acorde a su realidad y, sobre todo, les permitiría tener un tiempo de encierro más digno que el actual.

“El encierro en esta carceleta es inhumano, no se puede tener privada de su libertad a una persona en estas condiciones”, afirmó la autoridad al salir de la carceleta, que antes de concluir este año dejará de ser un reclusorio y se convertirá, en las celdas policiales para infractores y arrestados.

Más de Bs 5 millones

El capitán Julio Ayala, responsable de la seguridad del Cerprom, hace algunas observaciones respecto a la infraestructura interna del nuevo módulo que será parte del complejo penitenciario, que desde el año pasado comenzó a edificarse con una inversión de más de Bs 5 millones.

Ayala le indica a Dongo y a un ingeniero inspector de la obra, que será necesario colocar extractores de aires en el techo, para que en los días de intenso calor el lugar no se convierta en un horno para los más de 1.000 internos que podrán ocupar las 26 celdas ya construidas del lugar.

El alcalde de Montero, Miguel Ángel Hurtado, se mostró sorprendido por la imponencia de la obra, que tiene más de un 80% de avance. “Como municipio vamos a gestionar más recursos para hacer las mejoras que sean necesarias y ampliar más este tipo de infraestructuras”, le dijo el burgomaestre a Dongo, mientras caminaban por el lugar que reemplazará a la carceleta donde por más de 20 años se convirtió en un lugar donde más de 400 presos viven, uno al lado del otro, sin espacio siquiera para respirar.

La muerte de la carceleta de Montero, como centro de reclusión, está previsto para el último mes de este año. Todos esperan.

Palmasola aún espera el inhibidor de señales y la clasificación

El penal de Palmasola, el más grande y poblado de país con más de 6.000 internos, aún tiene pendientes tareas de mejoras que por años se han venido postergando.

Una de estas acciones es el colocado de los inhibidores de señales de teléfonos celulares, acción que evitaría que desde el centro de reclusión algunos privados de libertad continúen delinquiendo haciendo estafas telefónicas, engañando a las personas con falsas identidades y creando supuestos hechos en los que sus familiares se encuentran involucrados.

Otro de los aspectos que aún no se pueden aplicar en el penal, es la separación de los presos ya condenados y los que aún están con detención preventiva. Este último grupo de personas es el más numeroso, debido a los problemas de retardación de justicia.

Para tratar de paliar en algo esta situación, las autoridades judiciales (jueces, fiscales y Defensa Pública) han anunciado que entre el 16 y 18 de noviembre se realizará una tercera jornada de descongestionamiento penitenciario. Se busca que los reos firmen acuerdos con la Fiscalía para agilizar sus causas.