Concejal Saavedra denuncia otro caso de supuesta corrupción en la Alcaldía

El concejal Manuel 'Mamén' Saavedra reveló otro caso de supuesta corrupción en la Alcaldía cruceña, esta vez en Espacios Públicos. La autoridad edil criticó la burocracia que rodea estos casos desde el Ejecutivo, permitiendo que los responsables se escondan o fuguen y no sean sancionados. 

A través de un audio, el concejal reveló cómo un funcionario municipal pide Bs 300 mensual para 'proteger' a la propietaria de un food truck (camión de comida rápida), mientras desarrolla sus actividades comerciales. 

"Estamos citándolos para que tengan conocimiento y no sufran decomiso. Lo que podemos hacer es que, con el inicio de trámite, que dura 30 días y cuyo costo es de Bs 360, podemos ayudarles y dejarlo en Bs 300; para que así a ese carrito no lo toquen, lo respeten. Le recomiendo que todo trato que haga sea en la oficina, no en la calle. Así tiene la certeza de que es funcionario. El pago se debe hacer en efectivo, para evitar problemas en la Alcaldía", revela el audio, cuya voz se identifica como Carlos V. de Espacios Públicos.

Es más, el funcionario  le explica que el pago de los Bs 300 le garantiza un trato diferenciado con el resto, y que la propietaria del 'food truck' lo notará. 

 Saavedra califica lo detectado como el accionar de la mafia. "Están vendiendo protección; se han inventado un sistema, en el que mensualizan a los propietarios de los food truck y al final dicen: 'ustedes se darán cuenta entre quiénes pagan y quiénes no'", agregó el concejal. 

De acuerdo con Saavedra, este caso ya fue denunciado ante la Dirección de Transparencia, "allí indicaron que tienen 45 días para tener algún resultado. Esa es la lucha contra la corrupción de Jhonny Fernández, dar 45 días para que los autores de estos hechos ilícitos huyan", apuntó Saavedra. 

Por su parte, el alcalde en una conferencia de prensa, más temprano, aseguró que no se va a encubrir a nadie y si hay algo que investigar así se lo hará. 

Saavedra adelantó que se recurrirá la justicia ordinaria para denunciar al funcionario identificado como responsable del delito.