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Las peleas en el Concejo Municipal suben de tono. En la sesión de ayer siete concejales, tres de ellos suplentes, votaron por enviar a la comisión de Ética a su colega de UCS, Rosario Schamisseddine, la cual ha hecho público, a través de Facebook, el reclamo al alcalde Percy Fernández para que ponga ‘claridad en las cuentas’, pues no le ha respondido el pedido de 25 informes. 

A ello se sumó la queja de su propio suplente, Rubén Darío Suárez Arana, que la denunció porque no le está permitiendo sesionar, de acuerdo a lo que establece el reglamento.

Si bien las sesiones son públicas, la de ayer por la mañana no fue dada a conocer a la prensa por los responsables de comunicación del Concejo. En la reunión se vio el resultado del estudio de la comisión de Constitución, que lo preside la concejala María Ruth Bravo, de Santa Cruz para Todos (SPT), y la complementan sus colegas Mélody Téllez (MAS) y Martha Campos (SPT).

También se leyó la queja de Suárez Arana, que argumentó que, de ocho sesiones al mes, por lo menos en dos deben participar los suplentes, por lo cual Schamisseddine no estaría cumpliendo. Esta denuncia fue leída y votada por la mayoría de los concejales presentes, siendo refutada solo por Johnny Fernández, que recordó que, por lo menos debe ser adjuntada como correspondencia 24 horas antes.

Los votantes a favor de la censura fueron Carlos Andrés Gallardo, suplente de Bravo; Elvia López, suplente de Jesús Cahuana; y Dora Baldivieso, suplente de Tito Sanjinez; además de los titulares Loreto Moreno, Franz Sucre, Martha Campos y Mélody Téllez. 

La presidenta del legislativo, Angélica Sosa, se abstuvo, al igual que Fernández; y la propia Schamisseddine votó en contra de ser enviada a Ética.

De ser validada esta votación, la comisión de Ética, conformada por Sosa, Moreno, Sanjinez y Fernández, deberá estudiar la situación y ver si corresponde o no destituir a Schamisseddine.

Similitud

En la gestión 2010-2015, seis concejales de SPT y una del MAS, fueron relevados de sus curules, siendo ocupados por los suplentes que terminaron el mandato, y varios fueron elegidos como titulares para el periodo 2015-2020.

“En el Concejo se han invertido los roles, ahora el que pretende fiscalizar es sometido a procesos internos. Los que deben ser procesados son los siete concejales que votaron a favor de esta medida, se los tiene que denunciar por incumplimiento de deberes”, dijo Manuel Saavedra, exconcejal.

Según el abogado José Luis Santistevan, “el Concejo o la comisión de Ética no tienen competencias para suspender a una concejala; tampoco pueden violar sus derechos políticos y sancionarla, pues están protegidos por la Carta Magna”, recordó.