Concejales de CC ya formalizaron la denuncia por presunta corrupción en la licitación para el recojo de basura

La denuncia por el presunto sobreprecio por Bs 313 millones ($us 45 millones) en el contrato por recojo de basura no quedó solo en lo mediático. Los Concejales de Comunidad Ciudadana (CC) informaron que sentaron una acusación penal en el proceso de licitación de este servicio que cayó en manos de la Asociación Accidental Santa Cruz 2022, conformada por empresas chilenas y colombianas.

Este viernes la Alcaldía cruceña justificó la diferencia indicando que surge del cálculo de la inflación y el crecimiento poblacional por los ochos años que dura el contrato, que aún no fue firmado por el municipio y la empresa que se adjudicó el servicio.

Los concejales Marcelo Vidaurre y Federico Morón cuestionaron el incremento en la adjudicación y señalaron que es necesario que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto. Por eso informaron que el jueves formalizaron una denuncia penal para que la Fiscalía comience una investigación por el presunto acto de corrupción.

Vidaurre cuestionó a la comuna por no haber realizado ese calculó en la primera licitación, que fue adjudicada a la misma empresa y, posteriormente, anulada porque no presentó una boleta de garantía.

Insistió que resulta sospechoso que el municipio argumente el calculó de inflación y el crecimiento para justificar la diferencia entre una licitación y otra.

“No queda claro por qué considerando boletas de garantías aún queda un monto de 22 millones que no sabemos en qué se van utilizar, que está por encima del precio de la anterior licitación”, dijo.

La autoridad electa señaló que la denuncia busca precautelar el dinero del municipio.

“Ya hemos vistos que cuando se denuncia cosas hechas, se puede poner a la cárcel a la gente, pero la plata no la recuperamos. Lo que no queremos es perder $us 22 millones, porque estamos considerando que los $us 22 millones corresponde a la boleta garantía”, sostuvo.

En esa línea, Morón acusó al municipio de querer tomar “el pelo a la población”. En ese sentido dijo que la denuncia penal busca que la Fiscalía intervenga.  El proceso fue iniciado contra el responsable de las licitaciones de Emacruz, Jesús Pedro Vaca, y los representantes legales de las empresas que ganaron la licitación.

Ambos coincidieron en señalar que temen que el contrato sea firmado pese a las observaciones realizadas.

Por ejemplo, en la primera licitación el monto para el recojo de la zona Oeste era de Bs 1.124 millones, pero la segunda convocatoria esta cifra subió a Bs 1.274 millones, lo que implica un incremento en el precio de Bs 150 millones.

Mientras que, en la zona Este, durante el primer proceso la cifra a pagar por el recojo de los residuos fue de Bs 790 millones, pero después el monto se elevó Bs 954 millones, es decir, Bs 163 millones adicionales.

Respuesta de la Alcaldía

La tarde de este viernes, personeros del municipio respondieron a la denuncia. En una conferencia de prensa el gerente general de Emacruz, Víctor Hugo Peralta; Belinda Ramos, jefe de contrataciones; y Ricardo Oviedo, gerente de operaciones de esta empresa, rechazaron las acusaciones.

Los tres explicaron que no existe sobreprecio, pero admitieron una diferencia debido a que el cálculo realizado en el contrato tomó en cuenta la inflación y el crecimiento poblacional.

Creen que las denuncias responden a los intereses de las empresas que fueron rechazadas en el proceso de licitación que, según ellos, tienen procesos judiciales por incumplimiento tanto en La Paz y Santa Cruz.

Es más, indicaron que todo el proceso de adjudicación fue presentando a la Contraloría, instancia estatal que debería detectar cualquier anormalidad.

“Dónde podríamos esconder $us 45 millones. Todo esto es político”, dijo Ricardo Oviedo, Gerente de operaciones.

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