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El sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) sigue siendo un quebradero de cabeza para las autoridades del municipio cruceño. La habilitación de carriles exclusivos que recorren el primer anillo limita el espacio de circulación y congestiona las otras dos vías. Micros, trufis y vehículos particulares observan con escepticismo el carril vacío.

El presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, y el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, se reunieron este jueves por  la mañana con dirigentes de los transportistas  para buscar alternativas de uso al BRT. El encuentro se produce horas antes de que se instalen las mesas de trabajo con el Ejecutivo municipal.

“Se van a iniciar mesas de trabajo con todos los actores y eso es muy importante para que juntos busquemos una solución. Es un gran paso que se haya sentado el Ejecutivo y Legislativo municipal con los dirigentes de los servicios de transporte tradicional y transporte libre”, dijo Saavedra. La Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y la Cámara de Constructores también han sido convocados a la reunión a llevarse a cabo este jueves en la Quinta Municipal.

Saavedra impulsa la idea de destinar el carril  BRT para los micros o los trufis y descongestionar la cantidad de vehículos que circulan por los otros carriles del primer anillo. Por el momento se analiza la propuesta que debe resolver la subida y bajada de los pasajeros con la debida seguridad.

La reunión de esta mañana contó con la presencia del director municipal de Movilidad Urbana. Según Saavedra, "cada vez se está conociendo más detalles sobre el BRT que sorprenden". Espera que la Alcaldía concrete una auditoria técnica y especializada para saber si existen irregularidades detrás de este proyecto.

“Son millones de bolivianos mal invertidos que han generado un problema al municipio", dice Saavedra. Los Bs 160 millones que costó la obra en el primer anillo debieron ser ejecutados con un crédito de la CAF que todavía no habría llegado. "¿Con qué plata se hizo?", pregunta el concejal al mismo tiempo que pide que se muestren los contratos de concesión que no se han hecho públicos hasta ahora.

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