Consejo contra la trata y tráfico de personas insta a “no naturalizar la explotación sexual de menores”
22 instituciones componen el consejo departamental que ha emitido un pronunciamiento público para romper la “indiferencia social”
Mediante un pronunciamiento público, el Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas pide a la población que esté atenta y denuncie los casos de explotación y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
El director de Políticas Sociales de la Gobernación, Duberty Soleto, participó como portavoz en la lectura del comunicado. En el texto se expresa la preocupación porque en nuestra sociedad "aún se ve con total naturalidad la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, donde lo económico y político se ufanen de actos delincuenciales y se encubran en el manto de la impunidad”.
Además, reclaman la protección integral a víctimas de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y convoca a la población para que permanezca alerta ante estas situaciones.
La labor del Consejo departamental implica “coadyuvar a la disminución de los casos de trata y tráfico, así como delitos conexos de proxenetismo, pornografía y violencia sexual comercial”.
Soleto sostiene que es labor de todos combatir estos delitos y evitar un clima propicio para actividades delincuenciales. Como sociedad, “no podemos seguir viviendo en la indiferencia social”, concluye el comunicado.
El Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT) ha atendido, entre 2016 y 2019, 825 casos de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes en el departamento de Santa Cruz.
Además, reporta 87 casos de trata y tráfico de personas durante el mismo lapso de tiempo. El CEPAT colabora a las víctimas y sus familias con atención psicológica, legal y social.
La justicia debe investigar las acusaciones contra el expresidente
Duberty Soleto se refirió a las dos denuncias presentadas por el gobierno y que atañen al expresidente Evo Morales. A tiempo de repudiar este tipo de actos, “compromete el respaldo institucional para que las autoridades competentes (Policía, Ministerio Público y el Órgano Judicial) investiguen lo más pronto posible estas denuncias”.
Soleto pide que la justicia actúe conforme a norma para “no dejar en la impunidad los actos que se denuncian. Tampoco quien, ostentando el poder, ose robarle la inocencia a nuestra niñez y adolescencia”.
Del mismo modo, convoca a las instituciones de defensa y protección de la niñez, tanto a nivel nacional como internacional, para que estén “vigilantes y se investigue como corresponde” estas denuncias.
Finalmente, solicita al Gobierno nacional “la debida protección a las víctimas y testigos; y que se sancione con todo el rigor de la ley a funcionarios públicos que incumplan sus deberes”.
