El Consejo de la Magistratura (CM) inició una intervención integral en distintos juzgados y dependencias judiciales de Santa Cruz, en respuesta a reiteradas denuncias por retardación de justicia, mora procesal y deficiencias administrativas. Los operativos se desarrollan como parte de una labor de control y fiscalización ordenada por la Sala Plena del CM, con el objetivo de sanear la administración judicial en el distrito cruceño.
El abogado Emilio José Arredondo Cacho, encargado distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, encabeza los equipos técnicos que realizaron inspecciones en las casas judiciales de Derechos Reales Villa 1 de Mayo, Derechos Reales Plan 3000, así como en los complejos judiciales de La Moliendita, El Mechero, EPI 3, Santos Dumont y Los Lotes.
En cada una de estas dependencias se revisaron los procedimientos, la carga procesal y los tiempos de respuesta a los litigantes, además de verificar el cumplimiento de las normas de transparencia y atención al público. El consejero Carlos Spencer informó que la Sala Plena del CM determinó auditar el funcionamiento de cada juzgado “para corregir deficiencias y garantizar una justicia eficiente y oportuna”.
Entre las instancias que ya fueron supervisadas figuran juzgados civiles, penales, de familia y comerciales, como el Juzgado Civil y Comercial Nº 27, Juzgado de Sentencia Penal Nº 6, Juzgado de Instrucción Penal Nº 22, Juzgado de Familia Nº 14, entre otros. En el complejo judicial de la avenida Santos Dumont, por ejemplo, se inspeccionaron el Juzgado Público Civil y Comercial Nº 22, el Juzgado de Instrucción Penal Nº 15, el Juzgado de Sentencia Penal Nº 20 y el Juzgado de Familia Nº 9.
Según Arredondo, el propósito de la intervención no es sancionar, sino prevenir irregularidades y optimizar la gestión judicial en beneficio de la ciudadanía. No obstante, los informes resultantes podrían derivar en procesos disciplinarios si se detectan responsabilidades funcionales.
El Consejo de la Magistratura adelantó que las tareas de fiscalización continuarán en las próximas semanas, ampliándose a otras provincias del departamento, en el marco de un plan nacional de fortalecimiento institucional y transparencia en la Justicia.