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Arraigo, una fianza de Bs 80.000 y la presentación cada 20 días ante el Ministerio Público fue lo que determinó el juez Pablo Vargas como medidas cautelares a la detención preventiva contra el Gobernador cruceño Rubén Costas y cuatro colaboradores y exfuncionarios de la Gobernación por la compra de 40 camionetas en 2007.

La defensa del Gobernador y de los otros involucrados anunciaron que apelarán esta decisión. De igual manera el juez Vargas aclaró, luego de leer la resolución, de que si la primera autoridad departamental tiene necesidad de viajar para atender temas relacionados a su cargo, puede hacer los trámites que correspondan para valorar la solicitud.

"Se viene una sarta de juicios, yo lo anuncié. Les dije que era cuestión de tiempo y que esto era la cronología de una muerte anunciada", dijo Costas a su salida del juzgado, mientras era arropado por decenas de seguidores que llegaron hasta el lugar para demostrarle su respaldo.

Esta audiencia se instaló el viernes por la tarde, pero continuó esta mañana en el Juzgado Séptimo de Sentencia en lo Penal, en la radial 17½, en el marco del proceso que le siguen por la supuesta compra irregular de motorizados.

Costas y otras cuatro personas están imputadas por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y conducta antieconómica, pero la Gobernación señala que este es un proceso que data de hace más de seis años y que la compra de motorizados cumple con todos los pasos legales. 

La parte acusadora solicitó arraigo, fianza económica de hasta Bs 1 millón, detención domiciliaria y presentación ante el Ministerio Público, como medidas sustitutivas a la detención preventiva.