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El gobernador Rubén Costas entregó esta mañana la personería jurídica a la Asociación de Mototaxistas 9 de Agosto del Plan Tres Mil y en su discurso destacó los logros alcanzados en toda su gestión, como la dotación de agua potable y energía eléctrica, y la construcción de caminos en beneficio de 56 municipios.

Costas también informó de la reunión que se viene sosteniendo con alcaldes del MAS para analizar el tema de las demandas por regalías y explicó la importancia de su política de inversión, que prioriza a las provincias.
 
Dijo que esta tarde, antes de asistir a la audiencia cautelar por un proceso que enfrenta por la compra de 40 camionetas, se reunirá con autoridades y dirigentes de Yapacaní para analizar el pliego petitorio de este municipio y ver la forma de que se suspenda el bloqueo de la carretera al norte, medida que está vigente desde el martes.

Las autoridades municipales y dirigentes de sectores sociales mantienen cortada la ruta en tres puntos: en Yapacaní, en San Germán y en la tranca de Puerto Abaroa.

Los dirigentes exigen al gobernador el desembolso de los montos por concepto de regalías, la transferencia directa de estos recursos a los municipios, el asfaltado de 104 kilómetros en Faja Norte y Norte Integrado, ítems para salud, un ingenio arrocero, Gas Natural Vehicular (GNV), entre otros pedidos.

 Audiencia cautelar

A las 16:00 de este viernes, en la Fiscalía de la radial 17½ se llevará a cabo la audiencia del gobernador y otros funcionarios, procesados por la compra de 40 camionetas (cada una en 18.890 dólares), mediante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para seguridad ciudadana y atenciones de emergencia.

La compra de dichos vehículos se hizo en 2007, con recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH). La Procuraduría General del Estado consideró que a través de esta compra se cometieron delitos, por lo que acusó al gobernador cruceño y a otras cinco personas por malversación, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Para Costas, con este y otros procesos el Gobierno busca arraigarlo para que no pueda viajar al exterior a conseguir más recursos para la región y estrechar lazos de hermanamiento con otros países.