La Justicia determino enviar con 120 días de detención a la cárcel de Chonchocoro a uno de los cuatro aprehendidos por el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojosa. Además, la fiscalía les abrió un segundo proceso por el delito de tráfico de sustancias controladas.
El abogado del único hombre con detención preventiva, Antonio Rodríguez, aseguró que su cliente fue vinculado al caso únicamente por un código QR de una billetera digital, presuntamente usada por terceros para realizar pagos antes del crimen.
La audiencia cautelar culminó la noche del viernes y la Justicia declaró probable autor del crimen a uno de los cuatro imputados, además de dictar su detención por 120 días mientras continúan las investigaciones por el asesinato ocurrido en Santa Cruz y por el proceso relacionado con narcotráfico, debido a que se secuestró droga al momento de su captura.
“El Ministerio Público lo imputa por complicidad, pero no existe ningún elemento que lo relacione directamente con el asesinato. Solo lo vinculan por un QR de Tigo Money que habría sido abierto usando su identidad”, sostuvo el abogado defensor ante los medios.
Según explicó el jurista, su cliente es músico y anteriormente denunció la pérdida de su cédula de identidad, situación que —asegura— habría sido aprovechada para crear una cuenta digital utilizada por los sicarios del magistrado.
“Mi cliente no hizo ningún pago. En audiencia se mostró que las personas que realizaron el pedido y el pago tenían el teléfono en su poder. Él no conoce a los sicarios ni tiene ningún motivo para participar en este hecho”, afirmó.
La defensa indicó que la fiscalía sostiene que el código QR fue empleado para cancelar el consumo de bebidas de los presuntos autores materiales antes del asesinato del magistrado. Sin embargo, insistió en que no existe prueba que demuestre que el acusado manejaba esa cuenta.
“Lo enviaron a la cárcel porque, supuestamente, el QR tiene correlación con el caso, nada más. No tiene antecedentes, no conoce a la víctima y no existe un vínculo directo con el crimen”, agregó.
Mientras el principal acusado fue enviado a prisión preventiva, las otras tres personas aprehendidas —entre ellas familiares del investigado— recuperaron su libertad tras la audiencia cautelar.
El crimen del magistrado Víctor Hugo Claure ocurrió la noche del 1 de mayo en Santa Cruz, cuando la autoridad judicial fue interceptada por hombres armados que se desplazaban en motocicleta y recibió múltiples disparos mientras viajaba en un taxi.
Las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía apuntan a que existió un seguimiento previo a la víctima. Los investigadores analizan imágenes de casi 200 cámaras de seguridad y documentación secuestrada tanto en Santa Cruz como en Sucre.
Además del proceso por asesinato, los aprehendidos también enfrentan una investigación paralela por tráfico de sustancias controladas, luego de que durante los operativos policiales se encontrara marihuana en poder de algunos de los involucrados.