En entrevista con EL DEBER Radio, el rector cuestionó que hasta el momento no se hubiera conformado la mesa técnica comprometida el 15 de agosto y que el gobierno se escude en el consenso para estirar los plazos. Ratificó que el censo puede efectuarse en 2023

28 de septiembre de 2022, 10:39 AM
28 de septiembre de 2022, 10:39 AM

A dos días de la realización del cabildo que demanda la realización del Censo en 2023, la Universidad Gabriel René Moreno, a través de su rector Vicente Cuéllar, cuestiona que no se hubiera instalado la mesa técnica comprometida el pasado 15 de agosto, en un acta firmado después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se hubiera reunido con instituciones cruceñas.

“No se ha conformado porque le están huyendo al debate técnico. Está imperando un criterio inminentemente político”, sostuvo, y luego agregó: “Si se hubiera conformado esa mesa técnica, tuviéramos la fecha de realización del censo con base en las posturas de la Universidad, el Comité Interinstitucional y el INE. No ha existido voluntad política (del Gobierno)”.

Para Cuéllar, que también encabeza el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, el llamado Instituto Abierto, propuesto por el INE, es solo una forma de dilatar la realización de la consulta, de manera que los tiempos no alcancen para que se efectúe en 2023. Así lo hizo conocer en entrevista con EL DEBER Radio, este miércoles.

“Es un cliché decir: ‘Queremos un censo por consenso, queremos recibir las sugerencias de todas las personas’. Es una forma dilatoria”, afirmó, y argumentó que el tabular todas esas sugerencias tomará su tiempo, y ello generará más retrasos.

Mediante el Instituto Abierto, el INE buscaba recoger las sugerencias de diferentes actores de la sociedad civil sobre la boleta censal, según dio a conocer la semana pasada. Sin embargo, por temas técnicos, la Uagrm no consiguió acceder a la plataforma, lo que no impidió que enviara sus observaciones y sugerencias.


“No estamos de acuerdo con que el número de preguntas se siga incrementando. En el anterior censo eran 49 preguntas, ahora van por las 64 y se proyecta llegar a las 78. Esto es muy preocupante porque le va a restar calidad al censo”, manifestó Cuéllar quien cuestionó qué pasará si por presiones políticas o sociales se piden aumentar más preguntas. 

Insistió en que la calidad se verá comprometida ya que la mayoría de los actores sociales no tiene criterios técnicos para referirse a un censo.

Pero esa no es la única observación, como ya dieron a conocer anteriormente, el que datos como el nombre, apellido y teléfono de la persona encuestada sean requeridos para el rector es una forma de “violentar el secreto estadístico”.

Lamentó que la información emanada del INE sea insuficiente, se refirió a la documentación que les enviaron, que no era otra que las diapositivas que usaron cuando se reunieron en agosto, es decir: nada nuevo ni con mayor profundidad. “La información es muy parcial, es muy difícil acceder a esa información que debería ser abierta a toda la población”, cuestionó Cuéllar en entrevista con EL DEBER Radio.

“Está claro que el Gobierno solo trata de dilatar y no tiene los argumentos técnicos para postergar el censo hasta el 2024. No hay ningún criterio técnico, hasta el momento, que tenga la consistencia para decir que el censo se debe postergar hasta el 2024”, sostuvo, para luego ratificar su posición de que la consulta puede y debe llevarse adelante en 2023.

El censo no tiene dueño. El censo no es propiedad del alcalde, de los concejales, del rector o del gobernador”, manifestó Cuéllar con respecto a la ausencia de algunos concejales cuando el martes la universidad expuso acerca del censo.

“La ausencia de dos, tres, cuatro o cinco personas no nos hace mella porque hay millones de personas que están decididas a participar en un cabildo y respaldar la realización del censo para el 2023”, expresó.

Cabildo

Sobre el Cabildo, el rector aplaudió la participación del Tribunal Electoral Departamental (TED), que enviará cuatro veedores para acompañar ese espacio democrático, como lo describe, puesto que así estará enmarcado en las normas (CPE y la Ley 026).

Indicó que este miércoles habrá una reunión de coordinación en la que se establecerán puntos como el orden de los oradores y otros temas, pero recordó que en el Cabildo no pueden participar los políticos, pues quienes tienen la palabra son los ciudadanos, quienes serán los que definan y darán legitimidad a los pasos a seguir en pos de un Censo en 2023.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, mediante un video invitó a los ciudadanos a participar -este viernes 30, desde las 17:00, a los pies del Cristo Redentor- en el Cabildo.

“El centralismo no quiere censo porque pretende seguir manejando arbitrariamente los recursos que generamos con nuestro trabajo y eso no es justo ni equitativo”, manifiesta Calvo.

También se refiere a la necesidad de crecimiento y producción, empleo y mejorar las condiciones de vida, no solo de los cruceños, sino también de todos los bolivianos.

Santa Cruz logró sus conquistas en cabildos, porque el cabildo es parte de la democracia y es parte de las cruceñas y los cruceños para defender la libertad y nuestros derechos”, argumentó el cívico.