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Marcelino Martínez Arenas, acusado de asesinar a su expareja, Wilma Flores Zurita, afuera de un supermercado de Santa Cruz de la Sierra, fue enviado este lunes a la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro en La Paz, donde guardará detención preventiva de seis meses.

El juez Romer Saucedo justificó que el agresor sea trasladado al penal de la sede de Gobierno debido a que en Palmasola su vida estaba en riesgo.

Lo que llamó la atención de la ciudadanía y motivó el reclamo de instituciones, como la Casa de la Mujer, fue que el sujeto no recibiera una condena directa ante la flagrancia del hecho y las imágenes que demuestran su culpabilidad.

El abogado penalista, Joadel Bravo, explica que esto (condena directa) se puede conseguir bajo la figura que se conoce como procedimiento inmediato, misma que puede darse solo a solicitud del fiscal ante el juez.

Pero esto no sucede tan rápido, “debe ser dentro de 30 días; si no se respeta ese tiempo, se le estaría violando derechos constitucionales al acusado. La norma está hecha para todo el mundo”, explica Bravo.

El abogado Humberto Orellana del grupo nacional de Abogados al Servicio de la Sociedad de Bolivia, que defiende a la víctima, expresó que, por el momento, la decisión judicial se ajusta a la norma porque también se deben desarrollar actos investigativos para el total esclarecimiento del feminicidio. 

Dijo que los familiares están consternados, pero que se seguirá con la defensa hasta lograr que Marcelino Martínez Arenas, sea sentenciado a 30 años de cárcel.

De acuerdo con el testimonio de Arminda Flores, hermana de la víctima, Martínez Arenas no aceptó el rechazo de su pareja y frecuentemente ultrajaba a su hermana. Sin embargo, a pesar de la separación, ambos continuaban viviendo en el mismo lugar. Flores asegura que este hecho pudo evitarse si la justicia hubiera actuado oportunamente porque su hermana sentó dos denuncias en contra de su expareja en la Policía.

El agresor fue detenido hace dos semanas en la Estación Policial Integral (EPI) de la Radial 17 1/2, acusado de violencia familiar, sin embargo, no se tomaron las medidas judiciales para proteger a la víctima y después de cumplir con las ocho horas de arresto fue liberado. 

A Bravo le parece extraño que el policía que había detenido en una anterior oportunidad a Martínez no diera parte al fiscal, porque debía haberle aplicado medidas de protección a la mujer con el fin de que el hombre tenga prohibido acercarse a ella.

“¿Cómo van a dejar que conviva con él esta mujer, si la estaba hostigando constantemente?, el tipo debió ser retirado de la casa y obligado a pagar una pensión para la mujer y sus hijos. No debía tener más contacto con ella. Aquí el que falló fue el policía, que no avisó al fiscal, por lo menos debía haber solicitado medidas de protección. La violación de esas medidas ya es causa de imputación”, señaló.

Desconozco por qué no se cumplieron las medidas de protección, yo no llevaba el caso”, manifestó, por su parte, el juez Saucedo, que agregó que si la Fiscalía no logra aclarar todos los móviles en torno al asesinato de Wilma Flores Zurita, puede solicitar una ampliación de la detención preventiva.

Durante la audiencia cautelar, cuando el juez le dio la palabra al detenido, Martínez, decidió guardar silencio haciendo uso de su derecho constitucional.

La Fiscalía expuso todas las pruebas entre ellas el arma, un cuchillo de cortar carne, además de otras evidencias.

Al salir de la audiencia, en un breve contacto con los medios, Martínez pidió perdón a la familia de Zurita y agregó que no consumió bebidas alcohólicas.

La malograda mujer de 27 años deja en la orfandad a sus dos hijos un niño de siete años y una niña de dos años.

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