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La “Cumbre por la Democracia” emitió anoche una resolución de siete puntos entre los que se destaca una férrea defensa al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez y el rechazo a seis leyes impulsadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS). En el encuentro también pidieron atención a las demandas de la marcha indígena y la restitución de policías que fueron dados de baja por su participación en los conflictos de 2019.

En una de sus resoluciones, los asistentes a la cumbre definieron sumarse al paro del 11 de octubre, que ha sido convocado por los gremialistas en contra de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El encuentro fue desarrollado en instalaciones del Comité pro Santa Cruz, donde llegaron varias personalidades del ámbito político, social y cívicos del país. Participaron los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez; Rafael Quispe, en representación del alcalde de La Paz, Iván Arias; los legisladores Rodrigo Paz, Erwin Bazán y Miguel Roca; el ejecutivo de los gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa; y organizaciones como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), la Resistencia Juvenil Cochala (RJC); iglesias evangélicas; plataformas ciudadanas y transporte pesado, entre otros sectores.

Los primeros en hablar fueron los políticos. Lo hizo el senador Paz, quien explicó la situación de las leyes a las que se las cuestiona de vulnerar derechos y que son auspiciadas por el MAS. Luego habló Carlos Mesa, quien cuestionó a la justicia de estar sometidas al Órgano Ejecutivo. Quiroga dijo que Bolivia va en camino de tener el modelo cubano y venezolano y tildó de “títere servil” al presidente Luis Arce por estar sometido -dijo- a las decisiones del exmandatario Evo Morales.

“Podemos denominar que Bolivia está yendo hacia un Estado policiaco, tratando de dar súper poder al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público, a la Unidad de Investigaciones Financieras y de dudar de todo mundo, sin respetar la presunción de inocencia”, afirmó Mesa, al referirse al proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que pretende aprobar el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dirigió el encuentro. En la testera estaba Manuel Morales, representante del Conade, quien llamó a la unidad y a la conformación de un bloque único para realizar las protestas contra el Gobierno.

El diputado Roca admitió que La Paz es una plaza difícil para realizar movilizaciones contra el MAS, pero dijo que no es imposible realizarlo, por lo que sugirió que gremiales encabecen las medidas del 10 y 11 de octubre.

Este encuentro fue convocado el viernes pasado en la ciudad de Potosí luego de una reunión del Movimiento Cívico Nacional, donde se determinaron cuatro puntos, entre ellos la cumbre realizada ayer. Luego de más de dos horas y media de debate se decidió paralizar las intervenciones y se llamó a un cuarto intermedio para redactar el documento de conclusiones de la cumbre.

Las resoluciones

Calvo leyó las siete resoluciones. Empezó exigiendo al Gobierno central el cese de la “persecución política-judicial” en el denominado caso golpe de Estado y también se pidió la paralización de la “vulneración de derechos” cometidos por la Fiscalía y el Órgano Judicial.

Luego ingresó al caso del gobernador Camacho y otras autoridades electas de oposición al oficialismo. “Exigir al Gobierno nacional que cese la persecución política-judicial para defenestrar al gobernador del departamento de Santa Cruz (Luis Fernando Camacho), a los alcaldes de La Paz (Iván Arias) y de Cochabamba (Manfred Reyes Villa) y a cualquier otra autoridad subnacional elegida por el voto popular”, fue el segundo punto del documento.

Luego, se exigió la restitución de policías que fueron dado de baja por participar de los conflictos de 2019 y también la liberación de policías y militares que están con detención preventiva por decisiones legales en el caso denominado golpe de Estado.

“Exigir la liberación inmediata de la expresidenta Jeanine Áñez, a quien le han vulnerado sus derechos humanos desde el principio de su detención y la liberación de todos los presos políticos”, es la resolución cuarta que se hace referencia a la liberación de la exmandataria, a quien le dictaron cinco meses más de detención preventiva en el penal de Miraflores de la ciudad de La Paz.

El otro punto se refiere a “promover acciones ciudadanas exigiendo la renovación de las altas autoridades de la Fiscalía y del Órgano Judicial con la incorporación de nuevas autoridades independientes y probas con la participación de la sociedad civil organizada en la calificación de sus méritos”. Luego se hizo similar exigencia con el cargo de la máxima representación de la Defensoría del Pueblo.

El tercer punto se refiere al rechazo del paquete de leyes que ya fueron aprobadas por el MAS y que algunas están en tratamiento. Se pidió la paralización del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales y que esta norma no pueda ser tomada en cuenta nuevamente.

“(Exigimos) la abrogación de las leyes de Emergencia Sanitaria, de Registro de Comercio y de ascensos policiales por ser las mismas inconstitucionales y vulneradoras de derechos y garantías para todos los bolivianos, además de instrumento de persecución para cualquiera que disienta con el gobierno central.

Luego se pidió concertación previa para el tratamiento de los anteproyectos de ley de Derechos Reales y de ascensos militares. “A estos efectos y para garantizar la legitimidad en el tratamiento legislativo de estos proyectos de ley, deberán restituirse los dos tercios en todos los artículos de los reglamentos de las dos cámaras en los que fueron suprimidos”, dice el documento aprobado ayer.

Sobre estas movilizaciones, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que el movimiento cívico promueve un plan de desestabilización contra el gobierno de Luis Arce. Similar percepción la tiene el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien descartó que al menos la ley contra ganancias ilícitas sea paralizada.

El cuarto punto apoya a la marcha indígena y al movimiento cocalero de La Paz, el quinto exige unidad para enfrentar las movilizaciones contra el MAS, el sexto respalda a la activista Amparo Carvajal y el séptimo ratifica la participación del bloque en la marcha del 10 de octubre en la sede de Gobierno y el paro nacional convocado por los gremiales para el 11 de octubre.

El gobernador Camacho agradeció el respaldo de la cumbre y dijo que no tiene miedo ir preso tras su declaración el día jueves en la Fiscalía de La Paz.

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