Dan cuarto intermedio de dos horas en el bloqueo de El Torno

Comunarios de la zona de Santa Martha determinaron dar un cuarto intermedio de dos horas (es decir, hasta las 20:30), para que pasen los vehículos varados desde hace 24 horas, porque se abrió por una hora el paso vehicular la noche del martes. La medida de presión tiende a agravarse debido a que hasta el momento, las autoridades no han dado respuesta a sus demandas. 

Pobladores de 16 comunidades y de tres barrios del municipio de El Torno  instalaron desde el martes en la mañana un punto de bloqueo en la ruta a los Valles cruceños, en la zona del puente Santa Marta. Nuevamente salen a protestar demandando al Gobierno central y a la Gobernación de Santa Cruz la anulación de concesiones mineras con las que se pretende explotar la piedra caliza de un cerro.

Los comunarios temen que de llevarse a cabo la explotación de la piedra caliza, el daño ambiental será irreversible, ya que dos ríos que proveen agua para consumo y riego de cultivo, que se verán directamente afectados.

Los bloqueadores advierten con radicalizar las medidas de presión en caso de que las autoridades sigan haciendo oídos sordos a sus demandas. Se conoció que la tarde de este miércoles acudió el subgobernador de la provincia Andrés Ibáñez, Enzo Saucedo, hasta el punto de bloqueo, pero la reunión se prolongó y no llegaron a ningún acuerdo. 

Ahora bien, esperan que mañana jueves las autoridades acudan al punto de bloqueo y logren algún acuerdo. Caso contrario masificarán la medida de presión y asumirán otras más, en la capital cruceña. 

Las demandas específicas de los comunarios son:

1. La anulación inmediata del derecho minero de la empresa Farah ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

2. La anulación inmediata de la licencia ambiental de exploración otorgada por la Gobernación de Santa Cruz a la empresa Farah.

3. La prohibición de la otorgación de derechos mineros y la anulación de las demás concesiones o cuadrículas mineras dentro del municipio de El Torno.

4. Que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dé curso a la denuncia de avasallamiento que se hizo en fecha 13 de marzo de 2023.

5. Que se otorguen garantías constitucionales para los dirigentes contra la persecución y amedrentamiento por parte de las empresas mineras.