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En el área de influencia del Urubó, entre Porongo, Colpa Bélgica y Portachuelo, la Gobernación enumeró (sin identificar cuáles) más de 150 proyectos urbanísticos, de los que solo 12 tienen licencias ambientales emitidas departamentales, 30 tienen sus procesos en trámite y más de 100 no la poseen. Es decir, según la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, menos del 10% de esos proyectos inmobiliarios tienen permiso de la autoridad departamental, algo que puede tener un impacto ambiental sobre el Urubó y, especialmente, sobre la zona de recarga del acuífero de Porongo. 

Por eso, ayer Cinthia Asin, titular de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, emitió la resolución 007/2017, que instruye una ‘pausa administrativa’ en la otorgación de licencias ambientales para proyectos en la zona de recarga de agua del Urubó, superficie de 18.324 ha en Porongo, a unos 1.100 m del Piraí.

En esa resolución se ordena la ejecución de una auditoría ambiental para establecer, en 18 meses, el impacto ambiental que causan los numerosos proyectos inmobiliarios del Urubó y su área de influencia, algo que incluye a Porongo, a Colpa Bélgica y a Portachuelo.

Asin dijo que la medida fue instruida por el gobernador Rubén Costas y que su objetivo es prevenir un posible desabastecimiento de agua para la población de esta área, según un análisis de datos técnicos del Plan Maestro de agua potable y alcantarillado sanitario en el Urubó, de Saguapac, que advierte sobre la disponibilidad de agua para 2030.

Reacciones
Javier Arze, gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), celebró la decisión de la administración de Rubén Costas, pues considera que hay municipios como Porongo “que han sido sobrepasados” por la presión de actores económicos que no cumplen con las normas. “No vamos a defender la informalidad, nosotros representamos a los empresarios constructores formales, que tienen licencia”, opinó, para pedir que se indague a los infractores y a quienes permitieron las infracciones.

Juan Carlos Borja, alcalde de Portachuelo, señaló que no se opone, que todo proyecto urbanístico que se emprende debe apegarse a las leyes medioambientales y que en su comuna se optó por aprobar una urbanización para compensar con recursos propios la baja de su presupuesto.
Se buscó la opinión de los alcaldes Julio César Carrillo, de Porongo, y Sandra Muñoz, de Colpa Bélgica, pero no atendieron. La Gobernación informó que las urbanizaciones con licencia tienen un plazo de seis meses para adecuar sus licencias. Asin señaló 12 urbanizaciones sobre el acuífero de Porongo de las cuales solo cuatro tienen licencia e indicó que hay dos lagunas artificiales con licencia ambiental y que el resto no la tiene. 

Activistas explican a fiscal líos del Piraí
 Los abogados Eliana Torrico y Leonardo Tamburini, de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, expusieron al fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, los centenares de infracciones ambientales reportados por el Searpi y otras instituciones en contra del Piraí y su cordón ecológico. 
“Se le consultó acerca de la ausencia del Ministerio Público en los delitos medio ambientales que se vienen cometiendo a lo largo de la cuenca y el cordón ecológico”, explicó Torrico tras el encuentro.
Según ella, Larrea les dijo que las autoridades competentes (municipios, Gobernación y Gobierno) son las llamadas a sentar denuncias y hacer seguimiento y que, además, planteó una reunión en la Fiscalía con todos los actores para esclarecer competencias de control y de sanción.

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