El vocero del municipio Bernardo Montenegro pide celeridad al Ministerio Público, pero primero identificar si hubo delito de manipulación informática

11 de octubre de 2024, 7:30 AM
11 de octubre de 2024, 7:30 AM

Aún con incredulidad sobre las denuncias realizadas en contra del municipio, el vocero del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, se refirió a las investigaciones que realiza el Ministerio Público en el caso de supuesta manipulación informática que apuntan al ex director de la extinta Secretaría de Administración Tributaria (SAT), Mario Centellas.

Montenegro pidió al Ministerio Público dar celeridad en las investigaciones y considera dos aspectos importantes en el caso, primero que se identifique si hubo delito y en caso de comprobarse, dar con todos los implicados.

"Deben ser drásticamente sancionados en caso de comprobarse el delito", dijo Montenegro en conferencia de prensa, aludiendo a los presuntos implicados en el caso de manipulación informática.

El jueves 10 de octubre, Centellas brindó su declaración informativa ante el Ministerio Público en instalaciones del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), ubicada en la plaza El Mechero, del Plan 3.000, lugar donde Centellas alegó en su inocencia y a través de su abogado dio a conocer que presentaron una serie de documentos. El exsecretario quedó en libertad.

"Hemos venido pidiendo al Ministerio Público que se dé la celeridad posible en el caso. Sabemos que ayer se convocó a declarar a varios acusados, entre ellos el exsecretario (Centellas) y a través de su abogado, sabemos que presentó documentación que podría coadyuvar en las investigaciones", dijo Montenegro.

Rechazó las denuncias que hacen algunos concejales y calificó que en el Concejo Municipal hay "mercenarios políticos" de la oposición al partido político de Jhonny Fernández: "están acostumbrados a denunciar muchas cosas que no tiene sustento", sostuvo.

Y añadió: "Para nosotros es fundamental, primero que se identifique si hubo delito y se individualice a todas las personas que hayan podido ser parte de este delito para que respondan a la justicia". 

Consideró que las denuncias que son supuestamente infundadas por algunos concejales, se deben a la 'falta de capacidad y de hacer gestión". 

"Lo único que pretenden hacer es desprestigiar la gestión para tratar de ganar un protagonismo político ante la incapacidad que tienen de hacer gestión", denunció.

Recordó que el RUAT, es un sistema nacional que no solo lo maneja el municipio de Santa Cruz, sino todos los municipios del país. "Si las personas que están siendo acusadas cometieron algún delito dentro del manejo del sistema, se las tiene que identificar a cabalidad y puntualizar quiénes han sido para que sean drásticamente sancionadas", recalcó.

Detalló que son entre siete a ocho personas que fueron citadas por el Ministerio Público en calidad de denunciados, pero que hay otros funcionarios que también han sido convocados en calidad de testigos. "Esperemos que el Ministerio Público tenga las luces necesarias y en el menor tiempo contar con una información cierta", dijo.

¿Cuándo se denunció el caso de manipulación informática?

Las investigaciones se iniciaron el pasado 20 de setiembre, del presente año, tras la denuncia del concejal Rolando Pacheco, quien alertó que se estarían cometiendo delitos de manipulación informática, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y encubrimiento, en la extinta Secretaría de Administración Tributaria (SAT) del municipio cruceño, apuntando como responsable a Mario Centellas, el hombre de 'confianza' del alcalde Jhonny Fernández y otros seis exfuncionarios, de beneficiar a un contribuyente modificando las deudas impositivas.

Este contribuyente habría sido beneficiado con la reducción de su multa tributaria, quien tendría que pagar la suma de Bs. 3.331.729, pero que al final terminó pagando Bs. 64.629, luego de haber sido borrado y modificado los datos del sistema del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (Ruat).

Desde ese entonces las autoridades investigan el desvío de recursos provenientes de impuestos por inmuebles.