El caso del presunto “cambiazo” de 119 kilos de droga en Santa Cruz de la Sierra suma nuevos elementos tras las declaraciones de autoridades policiales ante el Ministerio Público. No se descarta ampliar la investigación a más funcionarios en medio de un escándalo que golpea a la estructura antidrogas del país.
El fiscal Julio César Porras informó que el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y otros jefes declararon en calidad de testigos dentro del proceso. “Las declaraciones han sido ampulosas y serán analizadas por la comisión; no se descarta citar a otras autoridades”, señaló.
Porras precisó que las entrevistas se centraron en el caso del presunto intercambio de sustancias controladas, hecho que salió a la luz pública tras detectarse irregularidades en la droga que debía ser incinerada. Según indicó, uno de los declarantes afirmó haber tomado conocimiento del hecho posteriormente al “cambiazo”, aunque evitó brindar mayores detalles para no entorpecer la investigación.
Por su parte, el director nacional de la Felcn, William Cabrera, confirmó que acudió a declarar tanto por el caso “maletas” como por el “cambiazo” de droga registrado en la dirección departamental de Santa Cruz. “Nos hemos apersonado para aportar con todos los elementos y exigir que las investigaciones se lleven adelante”, sostuvo.
La autoridad policial aseguró que su gestión comenzó el 5 de diciembre, posterior a la llegada de las 32 maletas con supuestas divisas al país, pero remarcó que se están implementando medidas para transparentar la institución, incluyendo la rotación de personal y la aplicación de pruebas de confiabilidad. “Estamos renovando el personal para realizar un trabajo más transparente”, afirmó.
En esa línea, se informó que al menos 171 efectivos fueron cambiados a escala nacional como parte de un proceso de depuración interna, mientras continúan las pesquisas sobre presuntos vínculos de uniformados con la manipulación de sustancias incautadas.
El caso “cambiazo”, que ya derivó en la detención preventiva en la cárcel de dos policías y la detención domiciliaria un tercero, gira en torno a la presunta sustitución de droga que debía ser destruida, lo que ha encendido alertas sobre posibles redes de corrupción dentro de la institución encargada de combatir el narcotráfico.
Las investigaciones siguen en curso y el Ministerio Público anticipó que nuevas citaciones podrían concretarse en los próximos días, tanto a efectivos policiales como a otras personas vinculadas al proceso, en busca de esclarecer responsabilidades y determinar el alcance real de este caso que ha puesto bajo la lupa los mecanismos de control en la lucha antidroga en Bolivia.