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La audiencia cautelar de la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, concluyó en horas de la madrugada de este viernes, 24 de diciembre. El juez determinó darle prisión preventiva, durante 4 meses, en el penal de Palmasola. De manera inmediata, la defensa legal de la exautoridad municipal presentó una apelación y ahora  espera que se defina en los próximos días.

Jerjes Justiniano, abogado, acompañó a su defendida durante las más de 10 horas que duró la audiencia cautelar. Asegura que el proceso registra  "grandes incongruencias", además de numerosas irregularidades. "Las acusaciones se basan en lo que afirmó una persona (Javier Cedeño) que no presentó un solo documento que demuestre lo que denuncia", dijo.

Para la defensa, el testimonio de Cedeño corresponde a la de "una persona que está yendo presa y para salvarse está diciendo cualquier barbaridad", manifestó Joadel Bravo, también abogado de Sosa.

Bravo incide aún más en el "valor" que se le pueda dar a la declaración del exdirector de Recursos Humanos, Javier Cedeño. "Es una declaración burda, se la hicieron", expresó el abogado al señalar que el imputado ingresó a la Alcaldía como "una cuota de poder del MAS" dentro del "pacto de gobernabilidad que acordaron con Percy Fernández".

Bravo también criticó la determinación de la justicia. "Solo los del partido de Sosa (Santa Cruz Para Todos) van a ser investigados y no así los del UCS y los del MAS", manifestó a la red Unitel. Insiste en que hubo una coalición para sostener un cogobierno durante la gestión 2015 a 2020 en la comuna cruceña. Fruto de dicho acuerdo, Cedeño, "perteneciente al partido de gobierno (MAS)", ingresó a trabajar en la gestión pública. 

La defensa de Sosa insiste en contrastar las denuncias emitidas por Cedeño con el testimonio de otros trabajadores municipales de la Dirección de Recursos Humanos. Justiniano insiste en esta contraposición de declaraciones y alude al testimonio de Julio César Herbas, primer detenido por el caso de ítems fantasmas, para cuestionar a Cedeño.

Entre las varias irregularidades señaladas por la defensa de Sosa, los abogados cuestionan la incoherencia entre la demanda y la determinación planteada por el juez. Según Bravo, "hay un error jurídico al mezclar los casos". La demanda implica el caso de los ítems fantasmas, pero luego se mezcla con los contratos irregulares denunciados por Jhonny Fernández, observa.

"El fiscal ya le pidió al alcalde Jhonny Fernández que respalde sus acusaciones con una auditoría", recordó Bravo. La mezcla de los dos casos se percibe en la justificación de la sentencia que alude a "la firma de contratos irregulares para beneficiarse en la campaña", aunque "la denuncia de los ítems fantasmas se centra en la gestión entre 2014 y 2018", aclara el letrado.

Justiniano describe una parte de la audiencia presidida por el juez Quiroz. Sosa interpeló a la autoridad judicial sobre los alcances de su imputación y refirió a las alternativas de secretaria de Parques y Jardines, concejal o alcaldesa; a lo que el juez le respondió, según le testimonio de su defensor, que "se le está juzgando por ser concejal y alcaldesa".

De ser así, Justiniano reclama para que se sienten en el banquillo a los 11 concejales titulares y a los 11 concejales suplentes de la gestión municipal investigada. 

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