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Como “casa del terror” catalogó Mario Centellas, el secretario municipal de Administración y Finanzas, los hallazgos relacionados con la situación actual de la Alcaldía cruceña. Según el funcionario, fueron detectadas más de 1.700 contrataciones irregulares de personas que generan un déficit en el presupuesto superior a los Bs 153 millones y daños económicos por unos Bs 25 millones.

En conferencia de prensa, Centellas informó que en una revisión a la documentación disponible hasta el 10 de mayo fue detectada la contratación irregular de 530 personas, porque muchas de ellas ocupaban cargos sin que existiera un contrato con la firma de las autoridades municipales, otros no estaban contemplados en el presupuesto municipal y estaban sin registros en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas, de donde deben extraerse los nombres para el pago de las planillas. Estas 530 personas demandan un gasto de casi Bs 3 millones.

En el caso de quienes no aparecen en los registros del Ministerio de Economía y Finanzas, 405 de las 530 personas, el director de Recursos Humanos de la Alcaldía, Alcides Arana, dijo que no hay presupuesto para pagarles.

Por su lado, Centellas detalló que también fueron detectadas otras 591 personas contratadas que no presentaron libreta de servicio militar o título profesional, requisitos imprescindibles en la gestión pública, según establece la Constitución Política del Estado.

La mayoría de estos funcionarios se encuentran en dos secretarías: de Administración y Finanzas, y de Coordinación y Gestión.

Según Arana, las personas que no entregaron estos requisitos están pasando a la Dirección de Transparencia y, seguramente, a la autoridad sumariante para iniciar los procesos correspondientes.

“El que no tenga la documentación pasa a proceso penal, y el que tenga, por una sanción administrativa. La norma establece que deben devolver el dinero recibido si no cumplen estos requisitos”, aclaró Arana.

Otro de los puntos observados por Centellas es la falta de presupuesto para cumplir con los contratos, ya que hay un déficit de más de Bs 153 millones. “No podemos llegar a fin de año y esto es lo más grave, es un daño económico total a la institución”, dijo Centellas, augurando un despido de 2.134 funcionarios “por el desastre presupuestario”.

Advirtió que de mantener la misma cantidad de personal por contratos, el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) solo podría sostenerlos por tres meses, pero no llegarían hasta diciembre.

Una de las denuncias más fuertes de la conferencia fue la existencia de 1.205 personas contratadas entre enero y marzo de este año, en época de campaña electoral, y que costaron al Estado Bs 25 millones. Sin embargo, Centellas no se atrevió a calificarlos de contratos ‘fantasmas’, pero sí “liberados”, es decir que no marcaban ni entrada ni salida y sin cumplir funciones específicas. Estos funcionarios percibían pagos mensuales entre los Bs 5.000 y 14.000.

“Obviamente tenemos una lista de todos ellos y sabemos a quién respondían. Son clanes políticos, cada concejal tenía su gente dispuesta en este lugar. Corresponde a otra instancia dar esos nombres”, dijo Centellas.

Adriana Pedraza, directora de Transparencia de la Alcaldía, afirmó que se encontraban ante un “destapado acto de corrupción”, y tildó de indignante el hallazgo.

Pedraza anunció una demanda penal en contra de la ex alcaldesa interina Angélica Sosa; la ex secretaria de Administración y Finanzas Sandra Velarde y el ex director de Recursos Humanos Javier Cedeño por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material e ideológica, incumplimiento de deberes y “otros que la ley determinará dentro de la investigación”.

Pedraza explicó que cuentan con pruebas preconstituidas, trabajo que fue elaborado en las últimas semanas, y se perseguirá un resarcimiento del daño a la municipalidad. Inicialmente se pretendía sentar la denuncia ante la Fiscalía en la tarde de ayer, pero el trámite quedó fijado para hoy, a las 10:00.

El concejal Manuel Saavedra, de Demócratas, manifestó su indignación por las “contrataciones irregulares e ítems fantasmas” de la anterior gestión municipal en los meses de campaña para las elecciones subnacionales, en plena pandemia y con escasez de recursos en las arcas ediles.

Envió una petición de informe escrito para que se le proporcione la lista de los funcionarios de planta liberados del registro biométrico y los contratos realizados sin certificación presupuestaria, a personas que no reúnen el perfil profesional y sin libreta de servicio militar.

En la misiva también solicitó información sobre la relación económica del POA y el personal contratado el 2021.

EL DEBER trató de obtener la versión de Angélica Sosa, que leyó los mensajes. pero no respondió. Sandra Velarde escribió que no podía emitir comentarios al estar actualmente en el ámbito privado.

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