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"Aprovechan el fuego para avasallarnos, utilizando a los interculturales con un fin político. No les importa la vida ni la naturaleza, solo usan el fuego para incrementar su presencia política en nuestro territorio. A esa gente le prometen mejor vida y tierra si votan por ellos, solo se trata de un plan", denunció María René Álvarez, diputada por Creemos.

Manifestó que luego de contactarse con autoridades indígenas, ha recibido denuncias de que eso está pasando ahora mismo en Roboré, en San Ignacio de Velasco, y que hace un par de días sucedió también en San Miguel, pero los chiquitanos desalojaron a los colonos, que estaban en pleno chaqueo, a pesar de las prohibiciones.

Según la diputada, desde la zona de Campamento, en San Ignacio, le informaron que llegaron camiones llenos de personas a lo que antes era la propiedad Veracruz. Uno de los caciques de Campamento informó que después de una reunión mandaron a una comisión a verificar estas denuncias, y que el INRA entrará a San Ignacio este martes 24 de agosto.

"El Gobierno nacional hace fiesta con nuestra desgracia", lamentaron los cívicos de Roboré, que tras una denuncia sobre asentamiento en el Valle de Tucabaca, se dirigieron al lugar y encontraron un campamento al lado izquierdo del camino Santiago de Chiquitos- Santo Corazón.

Los cívicos informaron que había turriles con combustible, camping, tractores, motosierras, machetes, además de cinco personas en estado de ebriedad a cargo de un ingeniero que informó que provenían de San Rafael, contratados por la comunidad Tupac Amaru, y que ya habían hecho sendas, un camino de 3 km y que se estaba construyendo la casa comunal.

Según ellos, no encontraron a nadie para que les muestre documentación que respalde la legalidad y recordaron que la comunidad Tupac Amaru ya había sido desalojada en 2018 de la reserva forestal Paquió, luego de desmontar 54 hectáreas.

"Gracias a una drástica medida de presión de la población roboreceña, aquella vez nos secuestraron una ambulancia con todo el personal de salud, también fuimos reprimidos y gasificados brutalmente. Todo esto pasa mientras nuestros bomberos arriesgan su integridad física para salvar algo de nuestra naturaleza; quienes nos quieren dominar siguen metiéndonos asentamientos", reclamaron.

Del mismo modo, cuestionaron que aprovecharon la fiesta de Santiago, cuando la población estaba concentrada en la festividad. "Hacen eso cada 24 de septiembre, cada 6 de agosto y en cualquier feriado", dijeron.

Maltrato a los originarios

Álvarez criticó a la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT) porque mientras los colonos deforestan y avasallan zonas protegidas por la ley, se dedica a multar a los chiquitanos por cualquier cosa. "La ABT no cumple con su trabajo, es la entidad que provoca los incendios forestales en esta región. Otorga los permisos de desmonte y chaqueos", arremetió.

La diputada dijo que venía de una comunidad donde recogió denuncias. "Me dijeron, los oriundos estamos castigados porque la ABT nos multa por todo si iniciamos chaqueos, pero los asentamientos tienen permiso de chaqueo, es gente que llega con maquinaria pesada", acusó.

La misma denuncia fue realizada por Maida Peña, cacique de Porvenir y presidenta del Comité de Gestión del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá, quien dijo que la ABT no ha hecho gestión alguna para desalojar a los avasalladores, pero que a ellos, los habitantes de la TCO Bajo Paraguá, los sanciona por todo, y acude hasta el lugar para notificarlos.

 

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