Las actuales autoridades afirman que no tienen certeza de si se realizó un sumario en 2017, pues no hay documentación física ni digital. Presentarán un listado de más de 800 funcionarios entre 2016 y 2018 que “nunca asistieron” a trabajar.

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21 de diciembre de 2021, 7:00 AM
21 de diciembre de 2021, 7:00 AM

Las actuales autoridades del municipio de Santa Cruz de la Sierra denunciaron que desapareció documentación relacionada a la contratación y procesos del personal municipal entre 2016 y 2018, periodo en el que en los últimos días la Dirección de Transparencia, en coordinación con Recursos Humanos, identificó a 800 funcionarios que “jamás marcaron ingreso o salida a oficinas municipales”.

El listado será entregado a la Fiscalía como parte de la documentación del caso ítems fantasmas, en el que el principal investigado es Antonio Parada Vaca, exdirector municipal de Recursos Humanos y ahora prófugo.

La directora de Transparencia de la Alcaldía cruceña, Adriana Peñaloza, detalló que debido a que desapareció documentación no se tiene certeza de si en 2017 ya se realizó un sumario que identificó irregularidades.

“De manera extraoficial se tiene conocimiento de que hubo un proceso sumario entre 2017 y 2018; sin embargo, se hizo un relevamiento de documentación y no existe registro de esto. (Esos años) manejaban los procesos manuales, es decir, jamás vamos a poder tener conocimiento de muchos de los procesos, porque lastimosamente no están en digital y han hecho desaparecer documentación”, sostuvo.

Auditoria interna

Otro paso es la auditoría. Hace una semana, Alberto Moreira, exfuncionario municipal, declaró en la Fiscalía sobre esta investigación. Cuando se le consultó si conocía de una auditoría interna o externa, respondió que tuvo conocimiento verbal. 

“Si, conocí que la unidad de auditoría había revisado la fiscalización interna con relación a la contratación de personal provisorio y con ítems, pero no tuve conocimiento en físico. Solo conocí que se realizaron auditorías. Esto fue en una de las reuniones cuando dejé de ser secretario municipal y pasé a Despacho (del Alcalde)”, declaró.

Norma Borja, directora municipal de auditoría interna en el periodo 2016 y 2018, denunciaba en 2019 que fue retirada “ilegalmente del cargo” pese a que tenía en curso cerca de 80 auditorías. “En horas de la tarde toma la unidad de auditoría un escuadrón de la guardia municipal. Hay 80 auditorías que estuvimos realizando y hay necesidad de concluir otras auditorias en esa gestión. La documentación que manejamos es altamente confidencial”, indicó la exfuncionaria en ese entonces.

Listado de funcionarios

Pedraza indicó que los 800 funcionarios observados, entre ítems y contratos, estaban liberados de marcar asistencia. Aún se investiga quien autorizó esto.

“Entre 2016 y 2018 hay funcionarios que jamás se apersonaron a trabajar a la Alcaldía, de ellos no existe marcado biométrico ni certificación de actividades semanales o mensuales, estos funcionarios figuraban como liberados de marcar asistencia diaria”, denunció Pedraza.

La funcionaria agregó que otra situación que llama la atención es que en este grupo igual se identificó, a través de un cruce de información con los fondos de pensiones, a personas con doble percepción salarial; es decir, trabajaban en el municipio y en otras empresas a la vez. De acuerdo a Pedraza, estas personas percibían un sueldo entre 3.500 y 7.200 bolivianos.