Este miércoles el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, dispuso el cese de funciones del fiscal de Materia Gary Coronado Murillo, quien fue cuestionado por la investigación que realizó por el atropello y muerte de un menor de 13 años en el municipio de Montero.

Coronado fue notificado formalmente con el memorándum de agradecimiento en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y se le solicitó hacer la entrega física y digital de toda la información oficial que tiene a su cargo, bajo inventario y actas respectivas.

El exfiscal estuvo involucrado en dos escándalos en menos de un mes, lo cual derivó en el cese de sus funciones. El primero fue en Montero, donde los pobladores marcharon exigieron su destitución porque no ordenó la aprehensión de Wilmer Ramiro Nina Rojas, quien, junto a Claudia Shirley Velásquez Becerra, son acusados de atropellar y matar a Ronald, un menor de 13 años.

Por este hecho, Gary Coronado fue apartado de esta investigación y derivado al municipio de Roboré, en donde se vio envuelto en un nuevo cuestionamiento, que provocó que la población proteste afuera de su oficina exigiendo su suspensión.

El fiscal Alexander Mendoza explicó que la víctima denunció que un abogado de la Alcaldía de Roboré le pidió $us 1.000 dólares a nombre de Coronado, para poder beneficiar a un acusado de estupro que quería someterse a un procedimiento abreviado.

Mendoza indicó que la Policía aprehendió al jurista y será puesto ante el Ministerio Público para que declare en las próximas horas. Añadió que se investigará los supuestos cobros, pues se buscará confirmar o descartar esta denuncia.

En un breve contacto con los medios, Coronado negó las acusaciones en su contra y confirmó que el jurista denunciado está siendo procesado penalmente. Además, dijo que aún continúa siendo fiscal de Roboré.