Escucha esta nota aquí

El juez registrador de Derechos Reales de Santa Cruz, Alfredo Echeverría, que fue aprehendido la tarde de ayer en el Palacio de Justicia, es sindicado de bloquear irregularmente la hipoteca de un bien que una entidad bancaria había ganado de forma legal, impidiendo que la hipoteca pueda inscribirse y facilitando así que el bien sea transferido a una tercera persona, explicó el ministro de Justicia, Héctor Arce. Ese es uno de los siete casos de corrupción detectados en Derechos Reales de Santa Cruz, por lo cual se libraron órdenes de aprehensión contra ocho funcionarios de esa repartición, cinco en la capital y tres en Warnes.

La aprehensión de Echeverría se produjo veinte días después de que su par en Chuquisaca, Hugo Yamil Sánchez, fuera detenido por la supuesta comisión de hechos de corrupción.

En ambos casos, se menciona que en estas reparticiones se ordenaba la cancelación irregular de partidas y modificaciones de anotaciones preventivas de bienes de forma irregular. Otro punto en común señalado por Arce es que tanto en Chuquisaca como en Santa Cruz, el Consejo de la Magistratura tenía conocimiento de las irregularidades.

“Las autoridades sumariantes del Consejo de la Magistratura no actuaron como debieron y se permitió incluso la exoneración de responsabilidades del principal acusado”, dijo Arce, quien calificó la actuación de la Magistratura como “débil y permisiva”.

Cuando se aprehendió a Sánchez en Chuquisaca, las autoridades ya habían adelantado que similares irregularidades ocurrían en Derechos Reales de Santa Cruz.

Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que en las siete denuncias en Santa Cruz se indagarán delitos como manipulación informática, favorecimiento a la evasión y daño económico al Estado.

Cuatro de las siete denuncias versan sobre modificaciones ilegales de las anotaciones de bienes y las otras tres son de funcionarios que sustrajeron recursos para beneficio propio.

La versión de Echeverría

Un operativo conjunto entre los ministerios de Justicia y de Gobierno, además de la Fiscalía, derivó en la aprehensión de Echeverría, quien al salir esposado del Palacio de Justicia, señaló que la denuncia fue rechazada por la Fiscalía cruceña.

EL DEBER accedió al documento de rechazo de denuncia de fecha 30 de enero, el cual, en su parte resolutiva, señala que no existen indicios de la comisión de los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y manipulación informática.

Joadel Bravo, abogado de Echeverría, observó que, al haber un rechazo de la denuncia, la aprehensión ejecutada por funcionarios llegados desde La Paz fue ilegal, por lo que planteará una acción de libertad.

La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Miriam Rosell, explicó que la comisión de fiscales que arribó desde La Paz ejecutó las órdenes de allanamiento emitidas por un juzgado de turno de la capital cruceña.

La denuncia

Fue sentada el 5 de abril por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en referencia a que “se realizó la inscripción de dos gravámenes, pero que en el folio real constan cancelaciones de esos gravámenes, los mismos que no fueron de conocimiento (y) menos asentimiento del acreedor”. Los montos de los gravámenes eran de $us 80.000 y 220.000.

LOS SIETE CASOS IRREGULARES IDENTIFICADOS 
 

Además del caso del bloqueo ilegal de una hipoteca ganada por un banco, en contra del juez registrador Alfredo Echeverría, el ministro de Justicia, Héctor Arce, detalló que una segunda denuncia refiere que de forma irregular, sin que exista orden judicial ni respaldo documentado, se levantaron los gravámenes de propiedades, una por $us 80.000 y otra por $us 220.000. Esto se hizo de forma temporal para que las propiedades sean vendidas.

El tercer caso tiene que ver con la existencia de gravámenes de hipotecas consolidadas, las cuales de manera ilegal fueron canceladas para que los bienes puedan ser dispuestos temporalmente para ser vendidos.

Un cuarto caso se refiere al registro de las superficies de algunas propiedades “ampliadas” de forma ilegal. Los otros tres casos son por daño económico al Estado, en relación con la sustracción de recursos del registro de gravámenes por montos de Bs 20.000, 30.000 y 40.000 que fueron registrados por los cajeros por cifras de tan solo Bs 1.500.

Comentarios