El ataque, registrado el miércoles, se produjo tras una discusión vinculada a un antecedente de abuso sexual que la agresora denunció contra un tío de 66 años, acusado de haberla vejado desde los ocho años. Ese proceso judicial permanece estancado tras la suspensión de la audiencia cautelar del imputado, lo que generó indignación en la familia y la defensa.
Durante la audiencia por el ataque de la colegiala a su compañera -que también es su prima-, la Fiscalía sostuvo la imputación por homicidio en grado de tentativa, en base al arma utilizada (un estilete) y a informes psicológicos. La defensa legal, por su parte, pidió tratamiento especializado en lugar de detención, argumentando que la menor también es víctima de abuso y arrastra un trauma severo. El juez del menor, sin embargo, dio curso a la detención preventiva.
Medidas contra autoridades educativas
Paralelamente, la fiscal Rocío Medrano confirmó que la directora del establecimiento recibió medidas sustitutivas que incluyen arraigo y la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público.
En tanto, dos profesores, la regente y la portera del colegio, que fueron investigados por presunto encubrimiento, obtuvieron libertad irrestricta.
El fiscal Raúl Rivera, a cargo del caso, recalcó que la agresión está plenamente acreditada: “El arma secuestrada y los informes psicológicos sostienen la imputación. El hecho puso en riesgo la vida de la víctima”, explicó.
En tanto, la abogada de la menor insistió en que su defendida necesita “atención psicológica intensiva y no un encierro en un centro que carece de programas adecuados”.
La comunidad educativa de Cotoca continúa consternada por la violencia dentro del aula. Padres de familia exigen mayor seguridad y protocolos de prevención en los colegios, mientras que el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las responsabilidades de cada actor.
La víctima, que sufrió tres cortes —uno en la cabeza, otro en el brazo y uno de 20 centímetros en el cuello— permanece bajo atención médica y psicológica, mientras la agresora fue trasladada a Cenvicruz para cumplir la detención preventiva de 45 días.
Paralelamente, la fiscal Rocío Medrano confirmó que la directora del establecimiento recibió medidas sustitutivas que incluyen arraigo y la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público.