Diputada convoca a mesa interinstitucional por emergencia de desmontes en Bajo Paraguá
María René Álvarez llamó a la Gobernación de Santa Cruz, Comité Cívico, asambleístas y Alcaldía de San Ignacio de Velasco, Comité de Gestión del Bajo Paraguá, ABT e INRA
Ante los constantes avasallamientos que se registran en el Área Protegida Municipal (APM) de Bajo Paraguá, en el municipio de San Ignacio de Velasco, los cabildos indígenas declararon estado de emergencia en la zona, y la diputada chiquitana por la Agrupación Creemos, María René Álvarez, pidió que se convoque a una mesa interinstitucional para dar solución al tema.
“Bajo Paraguá se ha declarado en emergencia ante los avasallamientos y la falta de soluciones por parte de las autoridades. Nos adherimos al voto resolutivo de los cabildos indígenas, y convocamos a instalar una mesa interinstitucional para defender nuestra área protegida municipal”, manifestó.
La legisladora pidió que en esa instancia de diálogo participen representantes de la Gobernación de Santa Cruz, la Alcaldía de San Ignacio de Velasco, el Comité de Gestión del Bajo Paraguá, el Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, asambleístas departamentales, además de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Cabildos
La asamblea extraordinaria de los cabildos indígenas de la TCO Bajo Paraguá reunió, el 3 y 4 de marzo, a las comunidades del área protegida municipal, con representantes de Porvenir, Piso Firme, Florida y Picaflor.
Mediante voto resolutivo, la asamblea exigió a la Alcaldía que dé seguimiento a los procesos por avasallamiento, así como la contratación de guardaparques para la zona.
“Dado que existe un abandono y desinterés de las autoridades locales al cumplimiento de sus funciones asignadas por ley, y dado que se conoce que existen avasallamientos de nuestro territorio y explotación de nuestros recursos naturales de forma descontrolada al interior de Bajo Paraguá, es urgente tomar medidas frente a estos hechos ilegales”, dice parte del documento.
Entre otras determinaciones regionales, se resolvió que las comunidades de la TCO Bajo Paraguá puedan aprovechar las tierras de acuerdo con los usos y costumbres, en agricultura y actividad forestal.
Los avasallamientos en la zona fueron denunciados por la diputada cruceña, incluso con intentos de grupos colonizadores para levantar el carácter de área protegida a esta reserva forestal de la región chiquitana.
Puestos de control
Hace poco, una comisión encabezada por el Viceministerio de Sustancias Controladas, a cargo de Jaime Mamani, visitó la zona, con el compromiso de que se instalarían puestos de control, especialmente para contrarrestar la problemática del narcotráfico.
Sin embargo, hasta hoy no hay fecha fijada para la implementación y puesta en marcha de los mismos.
El último monitoreo satelital de marzo de este año, muestra 15 ha más deforestadas. Se suman a las 350 verificadas por la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC)
