Diputada recuerda al Gobierno que presentó un proyecto de ley en 2022 que endurece penas ante avasallamientos
María René Álvarez llamó al viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, a hacer cumplir la ley y le enumeró una serie de delitos que están cometiendo los que integran grupos armados
"Quienes no aman a Santa Cruz y solo quieren tomar estas tierras pueden hablar de movimientos armados, de amenazar de muerte a las personas y de revoluciones agrarias que solo son frases cargadas de odio e ideología. Es el plan para destruir Santa Cruz", denunció la legisladora por Creemos, María René Álvarez.
Asimismo, tras el reconocimiento público del viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, sobre la portación de armas de los avasalladores que causaron muerte y heridos en la provincia Guarayos el fin de semana, Álvarez exigió a esa autoridad que actúe con todo el rigor de la ley contra estos grupos irregulares.
Mediante una carta enviada al viceministro, la diputada pidió que ese despacho active las acciones pertinentes bajo las figuras de portación ilegal de armas, sedición, lesiones graves y gravísimas e impedimento al auxilio, pues luego de disparar, los avasalladores obstaculizaron el paso de las ambulancias para socorrer a los heridos.
Ante las declaraciones de Aguilera, que hizo referencia a la levedad de las penas para el delito de avasallamiento, como argumento ante la reacción tardía de la Policía, Álvarez le recordó que existe un proyecto de ley que ella presentó en 2022 y que actualmente se encuentra paralizado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
La propuesta pide incrementar la pena de cárcel de nueve a 18 años para el avasallamiento de tierras, además de establecer multas mayores para quienes incurran en este delito.
El lunes pasado, la legisladora remitió una nota a dicha comisión para pedir que se pueda tratar el proyecto con prioridad y de esa forma dar respuestas a los pueblos afectados con las tomas violentas de tierras.
La diputada Álvarez aseguró que hace el seguimiento a los casos registrados en la provincia Guarayos, como los hechos de julio del año pasado, cuando un grupo de avasalladores secuestró a cuatro personas, o los hechos de violencia de octubre de 2021 en Las Londras, que derivó en torturas, secuestro y
amenazas contra un grupos de policías, trabajadores y periodistas que se habían desplazado al lugar para verificar la instalación de campamentos en esos predios.
