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El diputado por Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras, denunció la vigencia de un Decreto Supremo, fechado el 19 de agosto de 2009 y firmado por el expresidente Evo Morales, que dispone recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) para apoyar los asentamientos humanos

Guiteras considera que la llegada de interculturales a la Chiquitania responde a un plan del ejecutivo nacional y que "está financiado con dinero de todos los bolivianos".

El Decreto Supremo 257 crea "el Fondo de Asentamientos Humanos" y autoriza "al Viceministerio de Tierras la transferencia de recursos no reembolsables público - privados".

Guiteras observa una figura legal muy similar al Fondo Indígena para destinar recursos económicos a personas particulares sin mayor responsabilidad. 

El documento indica que los recursos serán destinados del TGN y podrán también acceder a donaciones o créditos para financiar los asentamientos. De esta manera, el legislador de CC cuestiona si es "el dinero de todos los bolivianos" quién financiaría la toma de tierras y asentamientos con el aval del Gobierno.

El Decreto explica literalmente que la ayuda  implica la "identificación, organización y traslado de los beneficiarios". Además compromete la ayuda para la "provisión de infraestructura provisional para el establecimiento de las familias beneficiarias", lo que para Guiteras equivale a darles su propia casa a cuenta del TGN.

El alcance del Decreto se extiende hasta la "implementación de servicios básicos en los núcleos de aposentamiento y la provisión y producción de alimentos para el autoconsumo en los primeros meses del aposentamiento". Según el diputado cruceño, el Estado estaría manteniendo los asentamientos durante un tiempo indefinido.

En el Decreto no se estipula el monto que se entregará para cada uno de los asentamientos ni cuánto dinero recibirá cada personas. Para conocer el monto destinado a los asentamientos humanos, Guiteras remitirá una solicitud de informe escrito al Ministro de Economía, mientras que una segunda solicitud pedirá al viceministro de Tierras que identifique a los beneficiarios.

La creación de una comunidad se convierte en un procedimiento sencillo. "Solo se requiere 20 personas que conformen una personería jurídica y soliciten el asentamiento ante el Viceministerio de Autonomías (antes era Ministerio)", señala Guiteras.

Con este simple trámite, las comunidades estarían habilitadas para recibir recursos económicos u otro tipo de bienes de manera directa. "Tenemos que investigar si se entregaron autorizaciones a comunidades fantasmas", apunta el legislador, "que recibían las resoluciones de asentamiento y luego vendían o alquilaban las tierras".



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