Docentes acusados de violación por estudiantes no aparecen y Yapacaní se une al reclamo

“No puedo dar nombres, ni de estudiantes ni de profesores porque estos actos casi no dejan huella. He tenido que ser como padre y madre para estos chicos, sé de una treintena de casos de acoso por lo menos, y uno de violación”, cuenta un docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) que pidió mantener su nombre en reserva.

Según él, personalmente apoyó a dos de estas estudiantes, las empujó a que denuncien, y dice que la respuesta fue silencio sepulcral, tanto del consejo de carrera, como del consejo facultativo, y del mismo rector de esa época.

“Hay que entender que son todos amigos, nunca se llega a nada, no existe algo contra la figura del acoso en la universidad. Ya en 2018 se inició una investigación sobre el acoso en una de las facultades y la idea es expandirla a toda la universidad, pero para lograrlo se requieren más alianzas”, explicó.

Entre las facultades en la mira, apunta a las de Humanidades y Veterinaria y dice que por lo general tienen un modo de operar, organizan fiestas, o jornadas deportivas, llevan montones de bebidas alcohólicas y varios alumnos (varones) tienen la misión de embriagar a las chicas.

“Al final del evento se quedan como seis o siete alumnas en total estado de ebriedad y se van a moteles grupales”, denunció, y lamentó que, por vergüenza o amedrentamiento, las jóvenes deciden callar.

Docentes de la Facultad Integral de la Chiquitania en la mira de abuso sexual

Denunciados en silencio

En el reciente caso de dos universitarias supuestamente violadas por un decano de la Facultad Integral de la Chiquitania (Faichi) y por un docente de provincia, a pesar de la gravedad de las acusaciones, los dos profesores han guardado silencio.

EL DEBER llamó y envió mensajes al teléfono celular del decano de la Faichi, que permanece apagado, y desde la Uagrm aseguran que tampoco han podido contactarse con ellos directamente. Únicamente han tenido noticias del decano, pero a través de un intermediario.

“Obviamente negó las acusaciones. Lo correcto es dar la cara, y hacer uso de su derecho constitucional a la defensa. Hasta donde sé, es que en estos casos de abuso es a confesión de partes, es decir que sí o sí irá a una cautelar directamente, después van a investigar”, explicó Juan Carlos González, asesor del departamento legal de la casa universitaria.

González cree que los dos denunciados están trabajando el tema de desvirtuar los riesgos procesales, ya que como no hay un mandamiento de aprehensión oficial ni una citación, no están prófugos.

“Simplemente no quieren dar la cara y no están obligados por ley, y desde la universidad lo que intentamos es que puedan presentarse por el bien de la imagen institucional, pero no obtuvimos resultados, así que ahora estamos esperando la orden de aprehensión y que los obliguen a comparecer, a efectos de dar su testimonio”, agregó.

El asesor también reconoció que no hay estadísticas de acoso o abusos que revistan mayor gravedad. Dijo que en los cuatro años que lleva en el cargo, a lo mucho ha visto una o dos denuncias formales de este tipo, pero que los denunciantes, por razones que no explican, deciden detenerse.

Al tener esa autonomía y descentralización universitaria -dijo- la universidad se rige por decanaturas, jefaturas, etc., que son instancias válidas. Por esa razón, cuando un estudiante tiene problemas, lo primero que hace es recurrir a su jefatura de carrera, si no hay respuesta, sigue a la decanatura, o al consejo facultativo, o al centro interno.

Lamentó que, al existir varios filtros, son pocas las veces que el agredido va directamente a asesoría legal de la universidad, a pesar de que ya se ha socializado,

“No podemos tapar el sol con un dedo, a veces van a la jefatura o decanatura, y la denuncia queda ahí porque son de los mismos círculos, lo hemos escuchado como rumores. Los estudiantes se asquean por algunas personas que no actúan conforme a lo que corresponde”, reconoció.

Sobre los pedidos de expulsión, manifestados ayer en una movilización en Yapacaní, para apoyar a las dos jóvenes, González explicó que no es tan sencillo como en otras instituciones públicas, como la Alcaldía o la Gobernación.

“Nos regimos por la Ley General del Trabajo. No los estamos cubriendo, no pueden retirarse sin una resolución dentro de un proceso administrativo. Las normas laborales los respaldan. Por eso la destitución no es inmediata, pero sí existen la suspensión por tres meses, y también la expulsión”, aclaró.

El asesor jurídico adelantó que entre hoy se llamará a Ilustre Consejo Universitario (ICU), para habilitar nuevamente los órganos especiales, que cumplieron su ciclo con el rector anterior. “Hay muchos procesos administrativos paralizados porque los órganos están paralizados hace tres o cuatro meses”, dijo. Uno de ellos es el Tribunal de Justicia Universitaria.

Nueva movilización

Ayer hubo una primera marcha de los estudiantes de la unidad desconcentrada de Yapacaní, a la que pertenecen las universitarias denunciantes.

Hoy continuarán presionando, tal como adelantó Diana Paredes, una de las dirigentes de esa facultad provincial. A la medida se unirá Patricia Patiño, la abogada de las dos estudiantes, que las representará en esa actividad, ya que ellas no podrán asistir por razones de privacidad.

Sobre las afirmaciones de que hay más casos de abuso de estos docentes, González dijo que por el momento son rumores, ya que como universidad no han recibido denuncia formal.

Por dos días consecutivos, los estudiantes de la Uagrm de Yapacaní, unidad a la que pertenecen las denunciantes, protestará contra el acoso y el abuso de parte de docentes.

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