El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, manifestó su preocupación por el incremento que registran las cuotas de algunos créditos inmobiliarios a raíz de la actualización del tipo de cambio oficial del dólar. Según la autoridad, esta situación está generando incertidumbre y poniendo presión sobre la economía de numerosas familias cruceñas.
"Estamos siguiendo con preocupación las dificultades que atraviesan muchas familias cruceñas a raíz de la actualización del tipo de cambio oficial y las consecuencias que esta medida está generando en algunos contratos privados, particularmente en operaciones inmobiliarias pactadas originalmente en dólares. Entendemos la preocupación de los ciudadanos que hoy enfrentan un incremento en el valor de sus cuotas y creemos que toda situación de esta naturaleza debe ser atendida con responsabilidad, seguridad jurídica, protección de los derechos de las partes y defendiendo al consumidor", escribió la autoridad en sus redes sociales.
Esto surge tras la implementación del nuevo esquema de dólar flexible en Bolivia. Desde el 29 de junio, el tipo de cambio oficial dejó de mantenerse fijo en Bs 6,96 por dólar y pasó a actualizarse diariamente. Bajo esta modalidad, el Banco Central de Bolivia (BCB) publica cada día, a las 20:00, la nueva cotización oficial. Para este miércoles, el tipo de cambio se ubica en Bs 9,76 por dólar.
Velasco aclaró las competencias de la Gobernación cruceña
En su publicación, Velasco aclaró que "la regulación del régimen cambiario, la política monetaria y la interpretación de los efectos jurídicos de los contratos privados son competencias exclusivas del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de las entidades nacionales competentes".
Además, señaló que las relaciones contractuales entre particulares se encuentran reguladas por la legislación civil y comercial vigente, por lo que, "cualquier criterio vinculante o medida de alcance general corresponde exclusivamente a las autoridades nacionales".
El gobernador indicó que, como Gobernacicón cruceña, no tiene competencia legal para intervenir, modificar o interpretar contratos privadas ni para meitir disposiciones que altener sus efectos jurídicos. Sin embargo, como institución pidió al Gobierno nacional que brinde certidumbre a los afectados por esta medida.
"Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que brinde certidumbre jurídica, establezca criterios claros sobre la aplicación de esta medida y promueva mecanismos que permitan proteger tanto la seguridad jurídica como la estabilidad económica de miles de familias bolivianas, evitando conflictos innecesarios entre ciudadanos y el sector privado", finalizó.