Los tres hijos de Rosa del Carmen Solá, la cantante que fue asesinada, decapitada y posteriormente calcinada en el municipio de El Torno, denunciaron públicamente al suboficial de la Policía, Pedro R. G., a quien acusa de exigirle Bs 20.000 —monto que luego habría rebajado a Bs 10.000— para devolverles una vagoneta Ford que pertenecía a su madre y que permanece secuestrada como parte de la investigación por feminicidio.
Aracely Liliana Barral Solá informó a EL DEBER que ya formalizó denuncias ante la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) y la Dirección de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), al considerar que el uniformado incurrió en presuntos actos de extorsión durante la investigación del crimen.
"Me dijo que consiga 20 mil bolivianos. Yo le expliqué que no tenía ese dinero, que incluso necesitaba vender un aire acondicionado para enviar recursos a mi hijo que estaba hospitalizado, pero no se compadeció y me dijo que aunque sea consiga 10 mil bolivianos", relató entre lágrimas.
Según la denunciante, la vagoneta ploma Ford Eco Sport fue secuestrada porque, de acuerdo con la investigación, era el mismo vehículo en el que el principal acusado, John Baruk R. T., trasladó a Rosa del Carmen Solá hasta la zona de La Angostura, donde posteriormente abandonó su cuerpo tras cometer el crimen. Posteriormente, el sospechoso habría llevado el motorizado a un taller mecánico para modificar su apariencia y evitar que fuera identificado.
Barral aseguró que el Ministerio Público ya emitió tres requerimientos fiscales ordenando la devolución del vehículo; sin embargo, afirma que el investigador Pedro R. G. nunca cumplió las disposiciones y, por el contrario, fue dilatando la entrega con diferentes argumentos.
"Un día me decía que vuelva al día siguiente, después que había salido o que tenía que almorzar. Incluso comenzó a pedirme facturas de prácticamente todos los objetos de mi mamá para demostrar que eran de ella", sostuvo.
La hija de la víctima también denunció que el mismo investigador retiró un aire acondicionado del domicilio donde vivía su madre y lo trasladó hasta su vivienda particular de la zona de la Villa Primero de Mayo.
Incluso el mismo policía denunciado admitió al medio En La Mira del Poder que llevó el aire acondicionado a su casa para “resguardarlo”. Tras viralizarse esta entrevista en redes sociales el uniformado entregó el electrodoméstico a la hija, pero le siguió exigiendo dinero para devolver la vagoneta que se encuentra en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Torno.
Se perdieron varios muebles
Además del vehículo, Barral señaló que aún desconoce el paradero de varios muebles y enseres que se encontraban en la casa en la que vivía en anticrético su madre, entre ellos muebles de cocina, una mesa, un ropero y otros objetos que, según afirma, desaparecieron tras la intervención policial.
La denunciante también cuestionó la actuación del investigador policial durante casi tres meses de trabajo en el caso. Asegura que nunca quiso recibir su declaración pese a que contaba con información relevante para el esclarecimiento del feminicidio y lamentó que la investigación permaneciera por tres meses en la Felcc (Felcc), cuando el caso ya debía ser remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), tras confirmarse que se trataba de un feminicidio y no de un asesinato, como inicialmente fue calificado.
"Durante todo este tiempo estuve todos los días en su oficina y nunca quiso tomarme mi declaración. Él es investigador de la Felcc y quería seguir con el caso para apropiarse de las cosas de mi madre y no quería derivarlo a la Felcv. Psicológicamente me hizo mucho daño todo lo que viví durante estos meses", afirmó.
Barral permanece en Santa Cruz desde el 8 mayo, a la espera de recuperar el vehículo familiar, que asegura representa el único medio para generar ingresos, ya que era utilizado como taxi. Señaló que agotó sus ahorros en los gastos del traslado, funeral y sepultura de su madre, por lo que actualmente realiza trabajos eventuales para cubrir su estadía.
“Somos tres hermanos que quedamos huérfanos. El vehículo lo necesitamos para hacerlo trabajar como taxi y con eso pagarle los estudios a mi hermana menor. Yo también tengo a mi hijo enfermo en La Paz, pero el policía no nos tiene piedad y nos exige dinero para devolverlo”, lamentó.
El caso de Rosa del Carmen Solá conmocionó al país luego de que su cuerpo fuera hallado calcinado el pasado 5 de mayo en La Angostura, municipio de El Torno. Días después, durante un operativo de búsqueda, rescatistas encontraron la cabeza de la víctima a orillas del río.
La autopsia estableció que la mujer murió por un shock hipovolémico provocado por al menos 20 heridas punzocortantes en el tórax antes de que el cuerpo fuera incendiado.
Por este crimen, la Justicia mantiene con detención preventiva en el penal de Palmasola a Sergio Javier A., de 21 años, y a John Baruk R. T., de 23, identificado como pareja de la víctima. Ambos son investigados por el delito de feminicidio mientras el proceso continúa en etapa investigativa.