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La ex ministra de salud, María Eidy Roca permanece en su casa con medidas cautelares que impiden asistir a un centro médico y recibir la atención necesaria para paliar las secuelas del Covid-19. Asegura que el gobierno no cuenta con pruebas inculpatorias contra ella, pero que permanece procesada como parte de una disputa política que apunta contra la expresidenta Jeanine Áñez.

“No puede usarse la justicia en procesos políticos”, afirma la ex autoridad. Su voz es firme, su pensamiento claro. Es su cuerpo el que demuestra las secuelas del Covid-19. Se expresa con lentitud y fatiga. Sobre este malestar, se suma el castigo impuesto por una justicia politizada que le impide recibir el tratamiento médico que necesita.

Roca es consciente de la persecución que padece y que tiene como centro la necesidad de culpabilizar a Áñez. “No le veo otra explicación; no hay nada que demuestre los cargos”, corrobora. Ve en la ex mandataria a una mujer “que puso la cara por el país en los momentos duros” y por ahora es atacada insistentemente. “Me da impotencia”, continua; y le pide que “no pierda la fe”, durante una entrevista realizada en su domicilio por el periodista Milton Montero.

Según la Constitución Política del Estado (CPE), todas las personas tienen derecho a la salud y el Estado debe garantizar la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.

Médico de profesión, Roca se declara creyente y aguarda que “en algún momento, Dios tocará la conciencia de estos acusadores, yo les llamo angustiadores”.

Ayer miércoles debía realizarse la audiencia para analizar las medidas sustitutivas solicitadas por su abogado. Sin embargo, se suspendió la misma con el argumento de que no se había notificado a todas las partes. Será reprogramada, a pesar de que por el momento no se ha determinado la fecha.

Desde el 21 de abril, que decretaron su arresto domiciliario con “medidas sustitutivas exageradas desde todo punto de vista”, Roca observa que es víctima de un “acto de injusticia y de absoluta maldad”. A pesar de su evidente deterioro de la salud, la justicia no le permite acudir a los controles médicos. “No se puede hacer esto con un ser humano”, se queja.

Declara inocencia

Durante la conversación, la ex ministra de salud no tiene reparos en hablar sobre los hechos que se le imputan. “Confío en que la verdad saldrá a la luz”, aclara en todo momento ya que “no encuentro algo que haya hecho que merezca una pena o un castigo como el que me han impuesto”.

Repasa su gestión al frente del ministerio cuando apenas se sabía nada de la enfermedad y, en todo el mundo, cundía la incertidumbre. Sus primeras gestiones, con apoyo del PNUD, se centraron en convocar la ayuda internacional para adquirir pruebas diagnósticas.

También enfatiza el incremento de la cantidad de camas de terapia intensiva “que son mucho más que un respirador”. Se amplió el número de laboratorios para realizar los diagnósticos ya que “al inicio de la pandemia apenas se contaban con Cenetrop e Inlasa; el de Cochabamba tenía muy poca capacidad”.

Alude a los respiradores, el centro de su imputación, y reitera que “no tengo más que aportar, he puesto todo en claro desde que hice la primera declaración informativa”.

En su defensa, argumenta que llegó al cargo ministerial después de que se ha realizado el proceso de contratación. Incluso, antes de que accediera a la cartera “ya se habían entregado más de 30 respiradores y siguieron llegando”. Como autoridad, junto a un equipo técnico jurídico, realizó observaciones a los nuevos equipos y pidió la subsanación de las fallas.

A pesar de ello, reconoce, “era una situación caótica. Debí seguir entregándolos porque en Beni la gente se moría. No había un respirador funcionando”. Se ha dotado a las provincias que tenían hospitales de segundo nivel.

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