Las juntas vecinales, los concejales de la oposición y los electos advierten con marchas de protesta. La alcaldesa propuso otro plan para no atentar contra la economía de la población

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22 de mayo de 2015, 23:27 PM
22 de mayo de 2015, 23:27 PM

El ‘basurazo’ no pudo aprobarse en el plenario del Concejo Municipal porque al inicio de la sesión vespertina de ayer los cuatro ediles de la bancada del MAS-ASIP abandonaron la sala, dejando sin cuórum a los cinco concejales de la agrupación oficialista Santa Cruz Para Todos (SPT). La intempestiva medida fue tomada para que no se considere el proyecto de ley enviado por Emacruz en el que plantea elevar la tarifa del aseo urbano, propuesta que también comenzó a ser resistida por los vecinos.

A esto se sumó la voz disonante de la alcaldesa Desirée Bravo, quien indicó que no atentará contra el bolsillo de la población, y que, incluso, pretende elaborar otra propuesta en procura de recaudar más fondos por el servicio.

Mientras tanto, las juntas vecinales amenazaron con salir en marchas de protesta desde el lunes contra la nueva tarifa del recojo domiciliario de desechos, agregando que la empresa operadora Vega-Solví, que recibe $us 2,5 millones por año, no ha logrado dar un buen servicio, en especial en los barrios periféricos.

Frustrada sesión
Si bien no figuraba entre los temas del orden del día del Concejo, la propuesta de Emacruz iba a ser leída ante el plenario, al igual que el tema de la nueva estructura organizacional de la entidad edilicia.

La sesión estaba marcada para las 15:30, pero al ver que los concejales llegaban con cuentagotas fue retrasada para las 16:10 con nueve miembros, momento en que los ediles masistas dejaron la sala sin ninguna explicación ante la sorpresa de la presidenta Angélica Zapata, que decretó un cuarto intermedio de 15 minutos.

La oposición se atrincheró en la oficina de Freddy Soruco hasta lograr que, a las 16:30, se suspenda la reunión para el lunes, a partir de las 10:30.

Explicación técnica
Asimismo, en la agenda del Concejo, a las 17:00, estaba prevista la presencia del gerente general de Emacruz, Johnny Bowles, para que explique el proyecto de ley del alza de la tarifa, la cual se vio frustrada por cuanto el edil cuestionador, Saúl Ávalos, además de abandonar la sesión dejó el edificio.

“La gente no debe preocuparse, pues los porcentajes de nivelación de la tasa serán escalonados y no atentaremos contra su economía”, aseguró Bowles en un breve contacto con la prensa.

A su turno, la alcaldesa también se reunió con Zapata, con quien elaborará, según dijo, otra propuesta acorde con la economía de la ciudadanía. “Pediremos asesoramiento técnico para idear un plan donde no se atente contra el bolsillo de los vecinos. Además, lo de Emacruz solo es una propuesta la cual debe ser analizada y debatida y, en caso de ser aprobada por los concejales, yo tengo la potestad, como alcaldesa, de vetarla; por ello pido tranquilidad”, indicó Bravo.

Curiosamente, junto al proyecto de ley existe un informe que recomienda al plenario aprobar la norma, el cual está firmado por la presidenta y la secretaria de la comisión de Constitución y Gestión Institucional, Angélica Zapata y Carol Viscarra, respectivamente. La primera aseguró desconocer la propuesta la cual no fue rubricada por Ávalos como vocal de la mencionada comisión.

Otro que fue al Concejo es el edil electo por SPT Rómel Pórcel, el cual dijo que se debe escuchar la propuesta de Emacruz y ver si es viable.

Lluvia de críticas
Una vez suspendida la sesión los concejales opositores brindaron una conferencia de prensa en la oficina de Ávalos, quien calificó de barbaridad la intención de Emacruz, pues con el ajuste la persona que paga Bs 12 deberá cancelar Bs 20 o a la que le llega la factura por Bs 30 deberá erogar Bs 70.

“A mis colegas concejales de SPT les digo que no se hagan los opas al decir que desconocían ese plan, ellos tienen responsabilidad, por lo que convoco al pueblo para que manifieste su oposición a esta subida de un servicio caro y pésimo”, sentenció Ávalos.

A su turno, el ejecutivo de Fedjuve Santa Cruz, Omar Rivera, adelantó que desde el lunes las juntas vecinales comenzarán a marchar ante el Concejo, pidiendo que la medida no sea aprobada.

De igual manera, la concejala electa por el MAS Hortensia Sánchez criticó al operador privado Vega-Solví por no ejecutar un buen trabajo, pues los barrios periféricos se han tornado en verdaderos muladares.
“Los concejales que en una semana asumiremos debemos ser los encargados de pedir un informe técnico sobre el servicio, pues no es dable que el vecino pague por un servicio malo; no sé cuál es el apuro de los actuales ediles por aprobar una norma irregular”, indicó Sánchez.

Otro edil electo, Johnny Fernández, con el apoyo de un grupo de ciudadanos, se declaró en “defensa de la tasa de aseo urbano” y aseguró que estará atento a las sesiones del Concejo para evitar que el aumento sea aprobado entre ‘gallos y medianoche’.

El diputado supranacional Édgar Romero expresó que la Alcaldía está en la obligación de limpiar la ciudad. “Por ello pagamos impuestos de inmuebles, de vehículos y tasas y patentes de los que recaudan $us 380 millones”, dijo