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Por:  Silvana Vincenti

La Cooperativa de Servicios Públicos de Roboré (Cosepur) ya se declaró en emergencia ante el Municipio. El caudal de agua que entra a las plantas de tratamiento pasó de 13 litros por segundo a menos de la mitad, lo que los ha obligado a reducir el servicio en algunos puntos.

Adicionalmente, según el presidente Moisés Blanco, han tenido que abastecer a la comunidad Naranjo y a Aguas Calientes, que ya tienen problemas para abastecerse; en Aguas Calientes, solo hay el líquido vital entre cuatro y cinco horas por día, en medio de temperaturas que rondan los 40 grados.

Blanco dice que un estudio hecho por belgas arrojó que desde 2015, las recargas y los ríos han mermado en un 40%. Él tiene la noción de que, desde los incendios de 2019, la disponibilidad mermó en 25%. 

“Después de los incendios no se hizo inversión alguna, no hay una política de recursos hídricos, solo se dedican a apagar el fuego”, lamentó, e informó que ya solicitaron una cisterna a su asambleísta de la provincia, para transportar agua desde un pozo, a modo de anticiparse para lo peor.

La organización internacional WWF tiene estudios preliminares aún no publicados, que dan a entender que el municipio de Roboré estaría en los próximos 25 o 30 años con un déficit hídrico importante en la zona urbana.

Otros estudios relacionan el comportamiento de las temperaturas en la Chiquitania con una disminución en el tema productivo. Asimismo, la Cooperación Alemana (GIZ) actualmente está elaborando un estudio sobre riesgo climático, y ya hizo las primeras modelaciones climáticas para Bolivia, con los últimos modelos que está usando el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que hace un par de semanas sacó su investigación sobre lo que pasaría si la temperatura se incrementa en dos grados centígrados adicionales a los de hoy.

En San Ignacio, el ex presidente de la Cooperativa de Servicios (Coosiv), Luis Bauer, dijo que según sus registros, las precipitaciones han disminuido y que eso se ha traducido en menos agua en la represa Guapomó, que abastece a la población. Según él, a pesar de que se hicieron obras, si no hay lluvias en la siguiente temporada, San Ignacio estará en problemas.

Coincidió con Blanco en que desde hace tres años se ha sentido más el incremento en las temperaturas. “Hay demasiados desmontes y quemazón, de brasileños, colombianos, menonitas, interculturales, que compran tierras y desmontan hasta sin permiso”, lamentó.

Factores propios

El cambio climático dejó de ser tema ‘abstracto’ en Bolivia. Si bien es un problema mundial, relacionado a la emisión de dióxido de carbono (CO2), no es tan cierto que solo sea un problema de los países industrializados.

Un estudio publicado en la revista Nature informó que la selva amazónica produce más de mil millones de toneladas de CO2 al año, mucho más del que puede absorber. El que fuera el pulmón del mundo, hoy está contribuyendo a la aceleración de la crisis climática con las llamas, muchas de ellas provocadas de forma deliberada, en busca de ampliar la frontera agrícola.

Bolivia es parte de la región amazónica y del problema de deforestación e incendios.

Un informe de 2016/2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y de la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT), indicó que la deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana, a través de chaqueos y quemas y el cambio de uso para la agricultura y la ganadería, y que la evolución de la deforestación en Bolivia está estrechamente relacionada con el avance de la frontera agropecuaria, el crecimiento de la población y la expansión de la red vial y ferroviaria.

Otra investigación conjunta del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y Wildlife Conservation Society (WCS), informa que la tasa de deforestación anual en Bolivia es muy elevada, de aproximadamente 350 mil hectáreas, lo que lo ubica como uno de los países con mayor deforestación per cápita en el mundo.

“En el periodo 1990-2015 se perdieron más de 8 millones de hectáreas de bosques, prácticamente el 8 % de su territorio (FAO, 2015)”, dice el estudio.

En diciembre de 2015 se acordaron compromisos para reducir emisiones, en lo que se conoce como Acuerdos de París para el Cambio Climático, con metas al 2030. Bolivia se comprometió a alcanzar 54 millones de ha, de las 51,6 millones de ha que tenía en ese momento; sin embargo, el país ha pasado de ser uno de los países con mayor cobertura boscosa y más biodiversos del mundo, al top ten de los bosques primarios más deforestados.

En la presentación del Estado boliviano del Reporte Nacional Voluntario, en julio de este año, que muestra el avance de los países con respecto al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, se presentó como indicador de sostenibilidad de los bosques la disminución de la deforestación ilegal, de 64% (2015) a 53,9% (2020). En 2015 empezaron a aprobarse leyes como la 741 (conocida por los ambientalistas como parte del combo incendiario), que facilita el proceso de quema en pequeñas propiedades, a través de los PDM20.

En este punto, el cuestionamiento de los defensores del medio ambiente es que ha reducido las cifras de ilegalidad, pero no la magnitud de la deforestación y los incendios. El MMAyA y la ABT, en su atlas, asegura que a partir de la gestión 2015 la deforestación legal creció, obedeciendo a medidas impulsadas por la ABT, en el marco de la desburocratización de instrumentos de gestión agraria de planificación, tales como Planes de Ordenamiento Predial (POP) y de operación como Planes de Desmonte (PDM) y Autorizaciones de Quemas Controladas de Cordones y Rastrojos.

En el mismo atlas se indica que en tierras tituladas por el INRA durante el periodo de análisis (2016/2017), la deforestación es de 345.696 ha, lo que representa un 62% respecto al total.

“La propiedad empresarial presenta el 37% de la deforestación, la propiedad pequeña el 21%, la propiedad mediana el 20%, la comunitaria el 14%, y las TIOC el 8%. Por otro lado, el 38 % (208.536 ha) se encuentra en tierras en proceso de saneamiento (24% ilegal y 13% legal)”, dice el atlas.

Eduardo Forno, director ejecutivo de Conservación Internacional Bolivia, cree que falta mejorar la política pública, y que los problemas se generan por tensiones, por un lado está la normativa que promueve la deforestación, desde la misma Función Económica y Social (FES) que el INRA tiene que chequear, y una sociedad con un discurso muy polarizado.

“Lo que hay que imaginar es una convivencia entre actividades agrícolas, incluso mineras, pero bien hechas, con cuidado y conservación de la naturaleza, uso del bosque, mantenimiento de humedales, etc.”, dijo.

La recomendación de Forno es que, en vez de aumentar el número de tierras que se doten, que más bien en las tierras que están abiertas al trabajo se apoye como Estado, y desde las instituciones, para que la productividad sea mayor, ya que la productividad promedio de Bolivia, en agricultura, “está por debajo de los países vecinos. Podríamos multiplicar por tres, con un poco de trabajo, lo que producimos en alimentos, en vez de tumbar bosque, pero hay temas políticos detrás de esto, hay intereses de los partidos, ya sean interculturales o no, y de empresarios que no son tan buenos”, aseveró.

Forno dijo que el único camino que ve factible es asegurando los territorios indígenas para frenar ese proceso de deforestación, ya que hay dos zonas hacia las que están mirando los deforestadores, una es la Chiquitania, de Pailón hacia el este, en San Ignacio, Concepción, San José. “Hay otro frente donde están avanzando mucho, y es hacia el norte, hacia el Beni, por Urubichá, y a la parte de Baures, hacia el Beni, al norte de Bajo Paraguá”, dijo.

Un informe de FAN sobre el cambio de uso del suelo y sus efectos en San Ignacio de Velasco, indica que a partir del año 2005 la deforestación quintuplicó su extensión (500%) e incrementó 243 mil hectáreas en los últimos 13 años, pasando de 3 mil ha/año a más de 21 mil ha/año.

También informó que las tendencias climáticas actuales en Bolivia y en San Ignacio de Velasco evidencian que el cambio climático es una realidad inexorable, ya que la temperatura incrementó hasta 0,6 grados y la precipitación se redujo un -17% en tan solo tres décadas dentro el municipio.

Esta presión tiende a acentuarse, ya que de acuerdo al estudio, Bolivia vive un momento particular en materia productiva, las políticas para el sector agropecuario están siendo favorables para su desarrollo a través de un modelo basado en la eliminación de bosques y ecosistemas naturales, donde la ampliación de la frontera se promueve a través del cambio de uso de suelo establecido en los Planes de Uso de Suelo (PLUS), flexibilizando su desarrollo a través de la modificación del Decreto Supremo 26075, con el Decreto Supremo 3973, de 2019.

Sobre las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), contempladas en el artículo 5 del DS 26075 en los departamentos de Santa Cruz y Beni, este último DS autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias “que se enmarquen en el manejo integral sustentable de bosques y tierra”.

Hasta antes del DS 3973, la ampliación de áreas agrícolas y pecuarias no eran posibles en las TPFP, “lo que vislumbra una aceleración del cambio de uso de suelo con fines de ampliar la actividad ganadera, porque el país últimamente ha establecido convenios y acuerdos para exportar carne hacia China, lo cual requerirá cubrir la demanda con el incremento de reses y áreas de producción”, dice el informe de FAN.

Estrecha relación

Un estudio de FAN para CIPCA, sobre el cambio del uso de suelo en Guarayos y sus efectos, dice que en el departamento de Santa Cruz, la importancia del bosque no debe estar centrada solo en el aporte que realiza al PIB nacional con la actividad forestal empresarial, sino principalmente por sus funciones ambientales vinculadas al ciclo hidrológico, regulación de la temperatura, almacenamiento de carbono y como hábitat de una diversidad de especies de flora y fauna.

Los datos analizados de la estación meteorológica del municipio indican que la lluvia anual disminuyó en -13% y la temperatura incrementó +0,5ºC en los últimos 38 años, hasta 2018, y que en el periodo de mayor sequía, en octubre, la temperatura incrementa +1,1ºC, conllevando a una época seca prolongada y más calurosa asemejándose al comportamiento de otras regiones de la Chiquitania y Amazonia.

El mensaje -y alerta- para el sector productivo es que, según el censo agropecuario (INE, 2013), los cultivos de verano alcanzan las 24 mil hectáreas en el municipio, de las cuales solo el 0,3% están bajo riego.

Otra investigación de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), sobre Riesgos ambientales en las unidades hidrográficas de las serranías chiquitanas, advierte que el incremento en la severidad de sequías durante la época de estiaje en la mayoría de las cuencas hídricas podría aumentar la probabilidad de incendios e intensidad del fuego, así como la reducción de la provisión de agua en épocas críticas e incremento del riesgo de desastres naturales.

FCBC también identificó un incremento en los niveles de la erosión hídrica y la sedimentación en importantes zonas de recarga hídrica en los últimos 30 años; como por ejemplo en la cuenca de San Julián, específicamente en la unidad hidrográfica donde se sitúa la Laguna Concepción, una de las más afectadas en los últimos tiempos.

Altiplano

Datos de Naciones Unidas indican que Bolivia, aunque tiene muy baja emisión de gases efecto invernadero, es, sin embargo, uno de los que más sufre por ese fenómeno, debido a la pobreza.

Según la ONU, la temperatura en Bolivia subió en los últimos 25 años entre 0,08 y 0,34 grados centígrados en diversas regiones, y el pronóstico es que habrá aumentos de 1 a 2 grados centígrados hasta 2030 y de 5 a 6 grados hasta 2100.

“Se ha incrementado la frecuencia con la que suceden eventos extremos como granizadas en el altiplano e inundaciones e incendios forestales en la zona amazónica, además de retrocesos en los glaciares”, dice el estudio de Naciones Unidas.

Una investigación de CIPCA indica que la producción agrícola está bajando en el altiplano, como el caso de la papa y de forraje. El efecto ya se está viendo en comunidades de Oruro, como San Pedro de Totora.

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