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Por:  Silvana Vincenti

“Los hospitales de tercer nivel, transferidos a la Gobernación de Santa Cruz desde la gestión 2013, sin la asignación respectiva de recursos, hasta 2020 han requerido una inversión de Bs 2,8 mil millones”, dice un reporte de la Gobernación de Santa Cruz a la que accedió EL DEBER.

El documento especifica que Bs. 1,2 mil millones corresponden al pago de médicos, enfermeras y personal de apoyo, Bs 546 millones en ítems, la mayor parte en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra; Bs 776 millones a insumos y medicamentos; y Bs. 300 millones a equipamiento.

Esta disparidad se da a pesar de que la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 305, dispone que “toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio”.

Asimismo, el artículo 81 de la Ley 031 Marco de Autonomías dice que la inversión en ítems es responsabilidad del Gobierno nacional. “Es competencia del nivel central definir la política salarial, gestionar los recursos y financiar los salarios y beneficios del personal dependiente del Sistema Único de Salud, conforme a reglamentos nacionales específicos, para garantizar la estabilidad laboral”, dice el artículo.

El informe, además, establece que el Gobierno nacional no ayudó con nada de recursos económicos para la atención de la pandemia. “Los hospitales deben usar sus recursos del Seguro Universal de Salud (SUS) para atender a pacientes Covid-19”, dice el documento.

A principios de este año y mediante el Decreto Supremo 4451, el Gobierno ratificó la autorización para que las gobernaciones usen el dinero sobrante del SUS para la contratación de personal de salud necesario en la atención de pacientes con coronavirus. Eso ya estaba dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 1356, de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General del Estado Gestión 2021.

Otro punto del reporte de la instancia departamental es que, de los ingresos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a partir de 2009, y hasta 2020, la Gobernación ha tenido que destinar casi Bs 457 millones para la Renta Dignidad.

Antes de entregar la administración a los alcaldes electos, siete ediles salientes, a través de un pronunciamiento conjunto, en abril de este año alertaron sobre la compleja situación financiera por los recortes del Gobierno central.

Las hoy exautoridades de La Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Cochabamba, Tarija y Sucre, informaron que los gobiernos municipales registraron un déficit de aproximadamente Bs 6.000 millones en 2020, con reducciones de Bs 2.000 millones en transferencias de coparticipación tributaria, Bs 1.000 millones en transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Bs 1.000 millones de recursos propios y 1.200 millones de la inversión pública, entre otras.

Según los ex alcaldes firmantes, para este año, los presupuestos municipales son casi la mitad de lo que fueron en 2014. Asimismo, apuntaron al Pacto Fiscal como una salida al déficit.

Recordaron al Gobierno que en las etapas preliminares del diálogo sobre el pacto fiscal más bien sufrieron grandes recortes de recursos para cubrir obligaciones del nivel central, como el Fondo de la Renta Universal de la Vejez, el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriota, el bono mensual para personas con discapacidad y el Fondo de Promoción y Exportación Hidrocarburífera.

También reclamaron que el nivel central incumplió con el financiamiento de los recursos humanos para los primeros y segundos niveles.

Según un análisis del economista Carlos Schlink, Santa Cruz ha perdido Bs 5,546 millones en 20 años, por coparticipación tributaria. De ese total, Bs 4.433 corresponden a los 56 municipios cruceños (55% para Santa Cruz de la Sierra), y Bs 1.1133 para la Uagrm.

Schlink, ex viceministro de Tesoro Público, también dio a conocer que la administración central concentra el 87% de los recursos del Presupuesto General del Estado (PGE), y el 13% restante lo manejan más de 370 entidades territoriales autónomas de los nueve departamentos. Asimismo, dijo que Santa Cruz aporta con 28% de la totalidad de los impuestos del país, y que solo le retorna el 6%. “Es necesaria la realización del censo porque la recaudación se ha multiplicado”, enfatizó.

Mario Centellas, secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía cruceña, dijo que solo en este momento, el Municipio ha identificado una deuda de Bs 55 millones de parte del nivel central, por concepto del SUS. Eso sin contar los casi 4.000 funcionarios de salud que paga la Alcaldía, de los cuales, más de 400 tienen ítem.

Tras una reunión con la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), Centellas dijo que quieren proponer un cambio de ley. “Nos dicen que de los recursos propios y de la coparticipación tributaria no se puede gastar más del 25% en gasto corriente, eso nos limita porque la partida del sueldos y salarios está dentro de eso; si pusiéramos a los médicos en planta nos excedemos del 25%. Es un problema estructural que no se corrige”, indicó.

Centellas aseguró que solo tiene que haber voluntad política, porque al final todos los médicos siguen trabajando cada año, “y nunca se les resuelve este tema salarial”, cuestionó.

Provincias cruceñas

A pesar de que hay más población, los ingresos de los municipios cruceños cayeron casi hasta en 40%. Este 2021 ha sido el peor año en materia de recursos por coparticipación tributaria.

Los techos presupuestarios sugeridos por el Ministerio de Economía y Finanzas a los municipios cruceños mostraron un notorio decremento.

EL DEBER tiene los últimos techos presupuestarios enviados por el Ministerio de Economía y Finanzas a los municipios de Santa Cruz, y en los últimos años la reducción de notoria.

Solo en San Antonio de Lomerío, el POA ha ido bajando, desde 2015, de Bs 8 millones, a Bs 3,8 millones, que para los 7 mil habitantes de 30 comunidades, significa una inversión anual de Bs 543 por persona.

En San Ignacio de Velasco, donde cada vez hay más asentamientos humanos, y el padrón electoral ha crecido en 37%, el POA va en reversa, con casi 38% de decremento. “Los gobiernos municipales se están convirtiendo en simples pagadores de servicios del centralismo”, dijo el ex alcalde Salces hace un tiempo. Mientras que Alberto Bauer, representante de la cooperativa de agua de ese municipio (Coosiv), lamentó que con los nuevos asentamientos no planificados, se abra la puerta a la creación de “villas miseria”.

Los asentamientos, definidos desde el nivel central, el INRA, según autoridades locales no fueron coordinados con el Consejo Agrario Departamental. Sin embargo, son los municipios y las gobernaciones los que deben hacerse cargo de los servicios, con sus recursos mermados.

“El centralismo perjudica mucho, casi nunca podemos conseguir ítems de salud, tenemos que pagarlos con fondos de la Alcaldía”, dijo el nuevo edil de Vallegrande, Ignacio Morón.

Llama la atención que la nueva gestión de Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), ante una consulta anterior de EL DEBER, no tenga una postura sobre el censo departamental.

La pregunta surgió luego de que se abucheara a la gestión saliente por plantear el censo como un desafío. En ese momento, ni los alcaldes del oficialismo, ni los de oposición, se manifestaron.

Hoy, a las 11:30, en el Comité Pro Santa Cruz, habrá una reunión para tocar el tema del censo. Participarán representantes de la Gobernación y de Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.





Otros departamentos

A diferencia de lo que algunos podrían pensar, en la sede de Gobierno también sienten los estragos del centralismo.

Cecilia Vargas, secretaria Municipal de Salud de La Paz, dijo que esta figura los limita no solo con respecto al nivel nacional, sino también departamental. Explicó que como Municipio se encargan de la infraestructura de los centros de primer nivel, pero que igual depende del personal del Sedes.

“En los segundos niveles, si bien los manejamos, estamos supeditados a la asignación de recursos, y con la pandemia atravesamos problemas porque tenemos dos hospitales Covid-19, a uno de ellos se asignaron médicos del Ministerio de Salud (Aisem) porque no teníamos recursos suficientes, y a estos médicos el Ministerio de Salud no les pagan desde febrero o marzo”, explicó.

También cuestionó la centralización de las donaciones de otros países por la pandemia, que la operatividad y la entrega se atrasan. Sobre las vacunas, reconoció que todo se concentra en las directrices del Ministerio de Salud, y que es limitante a la hora de definir acciones por la ciudadanía.

Fernando Romero, representante de Fesirmes La Paz, dijo que Santa Cruz y Cochabamba tienen mejor servicio de salud en todos sus subsistemas (seguridad social, privado y público), y que solo Santa Cruz tiene 30% más de profesionales en salud que La Paz en el sistema público. Sumado a eso, aseguró que en otros sitios hay mayor capacidad de reacción, como los domos, más terapias intensivas, acceso a remedios y tecnología. Puso como ejemplo el servicio de oncología en La Paz, que solo es una unidad, y que era una escuela de niños adaptada para pacientes con cáncer.

“El centralismo es un perjuicio. Acá en La Paz se concentran los conflictos, y al estar acá las autoridades, no se hace gestión. En el sistema público no hemos construido un solo hospital en los últimos 15 años”.

El secretario municipal de Cochabamba, Aníbal Cruz, explicó que los servicios municipales de salud son descentralizados del Municipio, que actúan de acuerdo al presupuesto de la Alcaldía (ingresos propios y coparticipación), pero que los desembolsos de coparticipación se sujetan al Ministerio de Economía.

Entonces, de acuerdo a la pugna política, hay departamentos que reciben buena cantidad de recursos humanos y otros son hijastros”, aseveró. Para él, Santa Cruz, a pesar de ser departamento opositor, se ha beneficiado con más ítems porque siempre se ha movilizado, “y es preferible dar a los que protestan”, argumentó.

Ley de Emergencia

Faviola Porcel, experta en planificación de la gestión pública dijo que hay razones jurídicas para omitir el artículo 22 de la Ley de Emergencia Sanitaria.

Explicó que las emergencias ameritan de una gestión especial, eficiente y efectiva, para lo cual, la disposición y ejecución de recursos económicos debe ser inmediata. Sin embargo, observó que, si bien la ley no declara un estado de excepción, pretende restringir derechos “como si estuviéramos en uno. Aprovecha para centralizar competencias de las entidades autónomas, vulnerando los mandatos constitucionales referentes al modelo de Estado”.

Porcel aclaró que las leyes nacionales tienen la misma jerarquía constitucional que los Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, leyes departamentales, municipales e indígenas (art. 410.II.3 CPE).

“Si todas las normas mencionadas gozan del mismo rango y jerarquía constitucional, los diferentes niveles de gobierno solo podrán normar sobre competencias”, aseveró.

La experta insistió en que una ley nacional no puede dejar sin efecto las normas autonómicas con rango de ley, con el propósito de ejercer las competencias de estos niveles de gobierno, más aún si se trata de estatutos y cartas orgánicas que pasaron por un control previo de constitucionalidad y un referéndum que avala su legitimidad y legalidad.


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