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El Gobierno central y el sector de salud mantienen un conflicto en plena pandemia de coronavirus. La aprobación del decreto supremo 4542, que reglamenta la Ley de Emergencia Sanitaria, avivó la disputa. Son cuatro puntos de esta normativa los que ponen en controversia a ambas partes: la contratación directa de bienes y servicios para enfrentar la crisis sanitaria, las sanciones contra personal de salud que paralice sus labores, la conformación del Comité Estratégico de Salud y la escala de precios de medicamentos.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, pidió diálogo al Gobierno para tratar estos cuatro puntos e intentar eliminarlos. El dirigente adelantó que la siguiente semana se tomarán acciones en caso de que el Ministerio de Salud no los convoque a una negociación.

“Esta ley es para apresar, (para) perseguir y ocultar lo que son los llamados ‘gastos reservados’, como se puede llamar, y el otro es para quitar las autonomías. Nosotros hemos apostado al diálogo y estamos desde el 9 de abril con el diálogo abierto. Estamos a la espera de que nos convoquen y, por lo tanto, el Colegio Médico va a asistir a un diálogo que se quiere hacer en bien de la salud del pueblo boliviano”, afirmó Larrea.

La reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria, a través del DS 4542, tiene la observación de cuatro puntos por parte del sector de la salud, lo que mantiene el conflicto con el Gobierno. La dirigencia médica cuestionó que esta normativa sanciona -y hasta incluye a la Fiscalía- los paros de labores de los médicos como medida de protesta. Además, se cuestionó la modalidad de contratación directa de bienes y servicios mientras dure la crisis.

También se criticó la conformación del Comité Estratégico de Salud, ya que no tienen un especialista médico en su cúpula. Por último, existe observación al límite del 25% de ganancias de medicamentos.

Al respecto, el ejecutivo del Sindicato de Médicos y Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, afirmó que su sector decidió dar un plazo de siete días al Gobierno para que abrogue este reglamento porque, dijo, vulnera la Constitución Política del Estado y el derecho a la protesta.

La declaración

“Cualquier profesional en salud puede ser detenido y procesado solo por pedir más equipamiento o medicinas. Están acallando la voz del sector salud, que es la de ustedes, de los bolivianos que no pueden ser atendidos en los hospitales”, dijo Romero.

Según el decreto reglamentario, en su artículo 17, se establece que se “ejercerán medidas sancionatorias o administrativas, de corresponder, pondrán en conocimiento del Ministerio Público para su procesamiento penal” si es que el personal de salud paraliza sus labores durante la crisis.

Por su parte, la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, aseguró que este punto tiene por objeto evitar poner en riesgo la salud de la ciudadanía. “En este momento no es oportuno mencionar que pueda existir un paro porque estaríamos afectando a toda la población que nos necesita”, dijo la autoridad.

La normativa también aprueba la contratación directa de bienes y servicios en salud mientras dure la pandemia, los que fue cuestionado por el sector salud y comparado con las acciones del gobierno de Jeanine Áñez.

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