El Estado endosa 11 competencias que restan recursos a la autonomía

La Constitución Política del Estado -vigente desde 2009- estableció un catálogo de 36 competencias exclusivas de los gobiernos departamentales. Desde entonces, a través de leyes y decretos, el Estado endosó a los gobiernos departamentales otras 11 que implican la erogación de recursos sin que éstos se hayan incrementado. En Santa Cruz, estos gastos se sienten más porque es el departamento más poblado del país.

Este escenario fue analizado ayer durante un conversatorio entre representantes de las instituciones que analizaron la situación financiera de la región, seriamente afectada por la reducción de ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos.

“(Por eso) no se puede permitir administrar de manera ineficiente los escasos recursos para las grandes obligaciones que tiene la Gobernación para con su pueblo”, dijo Mario Aguilera, gobernador en ejercicio.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, manifestó en este escenario que el gobierno departamental, los gobiernos municipales y las universidades asumieron competencias, así como gastos que debían haber sido asumidos por el nivel central.

En el caso de la Gobernación, que accede a los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el impacto es mayor. Larach instó a la institucionalidad a promover estos ajustes.

“Tenemos una propuesta que vamos a plantear al pleno y al gobernador (Mario Aguilera) para que pueda efectivizarse lo más pronto posible”, expresó Larach.

Entre estas 11 responsabilidades asignadas por a la Gobernación cruceña figuran el 12% para el pago a la Renta Dignidad, el prediario, la seguridad ciudadana, títulos de bachiller y el apoyo a la exploración de hidrocarburos, entre otros.

El cívico explicó que la propuesta forma parte del proyecto “Santa Cruz y su relación con el Estado” y apunta a revertir esta situación con miras a un nuevo pacto fiscal. Para ello, se deberían hacer ajustes en la Ley de Coparticipación Tributaria; la Ley Marco de Autonomías; la Ley Andrés Ibáñez, entre otras dos normativas.

Para Vladimir Peña, exsecretario de Gobierno en la gestión de Rubén Costas, el reto es hallar el equilibrio y garantizar la financiación a las competencias con otro pacto fiscal sin esperar los datos del censo que se realizó en marzo.

Sobre las transferencias de responsabilidades delegadas al ente departamental, el jurista explicó que existe un orden legal y que no se debe imponer gastos a las gobernaciones cuando no son competencias propias y, según comentó, que si esto sucede están vulnerando las autonomías.

“Hay que hacer una unidad en el departamento, articular en lo nacional para que el pacto fiscal se dé. Hay un problema en el país que se llama centralismo, que tiene un resabio poderoso que sigue controlando los recursos, y eso hay que cambiar”, remarcó.

Por su parte Fabián Yaksic, especialista en autonomías, afirmó que, ante la actual situación, ni las competencias exclusivas, aún menos las asignadas, los entes departamentales podrán ejecutar.

“La base de la autonomía tiene que ver con la base material. Hay que empezar seriamente desde las gobernaciones, sentar al Gobierno nacional a un verdadero y nuevo Pacto Fiscal para cambiar el régimen financiero”, consideró.

 
DATOS

PACTO FISCAL

La propuesta del Pacto Fiscal nació en Santa Cruz en 2016, en la era de Rubén Costas. Se proponía una redistribución del 50% de coparticipación tributaria sea administrado por el Estado, y el otro 50% por las gobernaciones, municipios, universidades e indígenas.

CATÁLOGO CUESTIONADO

Fabián Yaksic, especialista en Autonomías, consideró que antes de aprobarse la CPE, se debió pensar en la fuente de los recursos para establecer en función a la asignación de las competencias.