EL DEBER sobrevoló la zona afectada y comprobó que hay al menos seis campamentos de avasalladores, además de restos vegetación quemada en este espacio que tiene 51.929 hectáreas. La fauna también está siendo afectada.

26 de agosto de 2024, 4:00 AM
26 de agosto de 2024, 4:00 AM

Desolador. Ese es el panorama que se ve del área de manejo forestal Vasber, también conocida como Área Transitoria Especial (ATE), desde el aire. La misma se encuentra ubicada en el municipio Urubichá provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. El 50% de este terreno, que tiene una superficie de 51.929 hectáreas, está afectado por los avasallamientos e incendios forestales, según verificó un equipo de EL DEBER, tras un sobrevuelo realizado el fin de semana sobre esa extensa zona.

Al menos seis asentamientos conformados por varias carpas, árboles quemados y cenizas, además de varias columnas de humo que, por momentos, rodeaban la avioneta en la que se desplazaba el equipo de EL DEBER, formaban parte de este escenario dantesco provocado por la mano del hombre, según las denuncias.

Incendio forestal, deforestación y avasallamiento en Urubichá (Guarayos)/Ricardo Montero
Incendio forestal, deforestación y avasallamiento en Urubichá (Guarayos)/Ricardo Montero

El vuelo hasta la zona afectada duró poco más de 1 hora y 20 minutos desde la capital cruceña hasta esta área de manejo forestal. Las bajas temperaturas se sintieron en ese trayecto, pero al llegar a la zona afectada el clima cambio radicalmente debido al fuego.

Mientras eso se sentía en el aire, en tierra la imagen era devastadora, con árboles y vegetación consumidos por el fuego, y rodeados por un manto blanco de cenizas.

Pablo Gil, ingeniero forestal que acompañó al equipo de EL DEBER, dijo que preocupa que se den estos avasallamientos porque estas tierras están destinadas para uso forestal y según la categorización, establecida por el Instituto de Reforma Agraria (INRA), son tierras fiscales no disponibles.

“Lo que significa que el Estado no podría dotar de esas tierras a ninguna comunidad y/o persona. Entonces, (con los asentamientos) se está atentando contra los recursos y bienes del Estado, en este caso recursos forestales”, explicó Gil.

Además de estas 51.000 hectáreas la reserva de vida silvestre Ríos Blanco y Negro, creada siendo afectada por la mano del hombre porque no es solamente la flora y los árboles quienes están sufriendo sino también los animales.

Al ser una A.T.E. esta cuenta con todos los requisitos que establece la normativa, ya que cuenta con un plan de custodio y protección del área en cuestión, además de que está certificada internacionalmente con el Sello Verde.

El ingeniero forestal Gil explicó que se hizo una relación del número de focos de calor, en la zona, a partir del año 2014. Por ejemplo, entre 2014 y 2016 la amenaza de incendios no era mucha y por lo tanto no se acercaba a lo que era el plan de manejo.

“Del 2017 al 2020 comienzan acercándose, amenazando las labores de lo que es el plan de manejo. (Pero) fue en el 2021 y 2022 donde tenemos este incremento (de focos de calor). Se dio parte a la ABT para que solicite una orden de desalojo, pero la cual hasta ahora no ha sido cumplida de alguna manera”, complementó Gil.

Según una nota de EL DEBER, publicada el fin de semana, los incendios que se están registrando en las tierras fiscales y bosques chiquitanos, como el de Urubichá, son parte de una estrategia para un cambio forzoso del Plan de Uso del Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz.

Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), es de los que cree en esta estrategia donde los interculturales son la “punta de lanza de este esquema”. Y que atrás de los interculturales (colonos) hay toda una estructura político-económica que es la que genera este tipo de acciones.

Según Ávila, ellos identifican las tierras forestales disponibles y no disponibles para dotación, “porque la diferencia no existe en la actitud contra estas tierras, no tienen reparos porque se salen con su gusto, y cuentan con la información técnica de todos los planos y los mapas de Santa Cruz”, añadió.

Puso como ejemplo de esta tendencia la disminución, en Bolivia, de seis millones de hectáreas de concesiones forestales a dos, que además hoy se llaman A.T.E., después de 28 años de la promulgación de la Ley Forestal, o de la puesta en vigencia del régimen de la ley 1700.

“Y si uno sobrevuela o revisa una imagen satelital, de esas cuatro millones de hectáreas que ya no tenemos, están en un 80% ocupadas por los excolonos, hoy llamados interculturales, ya sean de las organizaciones Bartolinas, Interculturales y Custcb”, indicó.

En una entrevista con EL DEBER Radio, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, respondió que una de las causas principales, sobre una supuesta intención de modificar el PLUS cruceño con los incendios, es que en la propiedad privada, campesina, intercultural o en la comunidad indígena, pero principalmente en la privada, campesina e intercultural, hay un fin de ampliar la frontera agrícola.

Incendio forestal, deforestación y avasallamiento en Urubichá (Guarayos)/Ricardo Montero
Incendio forestal, deforestación y avasallamiento en Urubichá (Guarayos)/Ricardo Montero

“Es la forma más fácil de tener despejado el terreno para sembrar, procediendo a la quema que no sigue los procedimientos, son quemas ilegales están al margen de la ley y, consiguientemente, hay responsables”, admitió y sobre la posibilidad de nuevos asentamientos ilegales, Novillo dijo que es un tema que lo está manejando el INRA.

Procesos

En una entrevista con medios estatales, el ministro Novillo, señaló que se tienen 51 procesos penales y más de 250 procesos administrativos contra las personas que están provocando los incendios en el país. “La forma de atacar este tema (incendios forestales) no es solamente moviendo la logística que tenemos en las Fuerzas Armadas a través de Defensa Civil, la Policía Boliviana, ABT y el INRA, sino también (sancionar) a quienes son autores de haber provocado estos incendios”.

Agregó que la ABT ha actualizado las sanciones administrativas para quienes provocan los siniestros en las hectáreas afectadas.

“Se ha hecho un reajuste con el nuevo decreto supremo y ahora habrá una sanción mínima en UFVs que está calculado en Bs 470 y un máximo de Bs 2.400. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua está trabajando un reglamento que establecerá las categorías (de las sanciones) en función a los incendios que se hayan generado”, explicó Novillo.

Añadió que el resultado de la sanción va a ser multiplicado por la cantidad de hectáreas que tiene el propietario. Por ejemplo, agregó, que quien ha provocado estos incendios posee una mayor cantidad de hectáreas, la sanción será igual de grande.

“Si tiene una menor cantidad de hectáreas, va a pagar una menor sanción, siempre y cuando se compruebe por la vía administrativa que son los responsables de haber provocado el fuego”.