El grupo armado se mantiene en Bajo Paraguá y exige habitar la reserva forestal; el nivel central guarda silencio

"Otra vez se presentaron en el lugar, con armas, y exigen que los posesionen dentro de Bajo Paraguá", denunció uno de los dirigentes chiquitanos de la zona, que pidió resguardar su identidad por motivos de seguridad.

Asimismo, dijo que insisten en que les devuelvan los 1.700 litros de combustible, una motocicleta y otros artículos que les decomisaron por avasallar esa reserva forestal y también área protegida municipal (APM).

Ante esta situación, el domingo 22, los habitantes de las comunidades de la TCO Bajo Paraguá llevaron a cabo una asamblea extraordinaria en Piso Firme, del municipio de San Ignacio de Velasco, y sacaron un voto resolutivo.

Entre los puntos acordados, dijeron a las autoridades que desde tiempos inmemoriales han habitado la zona de manera sostenible y que esa APM es un tesoro natural, que está siendo saqueado por grupos organizados, llamados interculturales, con la construcción de brechas y caminos para facilitar desmontes y asentamientos ilegales, lo que pone en riesgo la integridad del territorio y la supervivencia misma de esa nación chiquitana.

"Las autoridades llamadas por ley no asumieron su responsabilidad ni procedieron al desalojo de los interculturales, que continúan avasallando grandes extensiones de tierra, realizando chaqueo y quema de monte virgen sin misericordia alguna. Productos de estas acciones el fuego ya ingresó a nuestra TCO y los comunarios confrontamos esta situación de emergencia", dijeron.

Asimismo, lamentaron que los recientes actos de avasallamientos, acompañados de las quemas, causaron irraparables daños, y que un grupo irregular de 40 encapuchados armados, proveniente de los interculturales, procedieron a bloquear a la altura de la comunidad Nueva Esperanza, impidiendo el ingreso de vehículos que transportaban a médicos, equipos, víveres, agua y otros insumos para bomberos.

"Acto cobarde e inhumano que refleja el accionar de este sector, hecho contemplado como genocida por la intención de destruir total o parcialmente a los indígenas que poblamos este territorio, prolongando el daño ambiental y violando nuestros derechos", dijeron en otro punto.

Remarcaron que el Estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar los derechos culturales y territoriales, contemplados en los convenios internacionales y las leyes nacionales.

"Es deber de todos los nacidos en Bajo Paraguá salir en defensa de su territorio, que está siendo invadido por avasalladores ante la inacción de las autoridades correspondientes", advirtieron.

Por último, entre las resoluciones, rechazaron los avasallamientos y agresiones de los interculturales, a los que acusaron de los incendios y destrucción ambiental.

Se declararon en estado de emergencia para adoptar medidas de presión ante los avasallamientos, desmontes y quemas. 

Responsabilizaron al alcalde municipal de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, y a la ABT "por ser co autores de los avasallamientos y desmontes en el área protegida Bajo Paraguá.

"Exigimos a las autoridades nacionales y otras competentes el cumplimiento inmediato de sus responsabilidades constitucionales y legales, procediendo con el desalojo inmediato de los avasalladores y la reparación de los daños".

También solicitaron una investigación exhaustiva del bloqueo del grupo armado que impidió la ayuda humanitaria para los bomberos. "Deberán enfrentar consecuencias legales por este acto genocida",

Demandaron medidas de protección efectiva y vigilancia en el territorio para evitar nuevos avasallamientos y garantizar la integridad de las comunidades.

Además convocaron a todas las comunidades indígenas, organizaciones que son parte de la sociedad civil y organismos internacionales, defensores de los derechos y del medioambiente a que se sumen a su defensa del territorio, y apoyen las acciones legales y comunitarias necesarias para frenar estos atropellos.

Finalmente, reiteraron su compromiso inquebrantable con la verdadera defensa de la Madre Tierra. "No cesaremos en nuestra lucha hasta que se restauren nuestros derechos territoriales", firmaron.

Silencio

A pesar de que las denuncias de la presencia armada se dieron a conocer desde el sábado pasado​, no se pronunciaron ni el alcalde, ni el gobernador, ni el ministro de Gobierno.

A unos kilómetros del punto donde está el grupo armado existe un puesto de control de la FELCN, pero los 40 hombres armados permanecen en la zona, amedrentando a los que transitan.

En sus redes, el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo se ha referido a casos de narcotráfico en Chapare, violencia en Guarayos, pero hasta el cierre no mencionó a los interculturales de Bajo Paraguá.