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Un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Senadores el 1 de octubre de este año y que debe pasar para su tratamiento a la Cámara de Diputados, plantea la anulación de las Salas Constitucionales Departamentales.

Las convierte en juzgados constitucionales y establece que los jueces de estas instancias, que tienen a su cargo resolver los temas de inconstitucionalidad y velan por el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, tengan sus cargos indefinidos.

“Las y los jueces constitucionales ejercerán sus funciones por un periodo indefinido...”, indica de forma textual la modificación a la disposición II del artículo 7, de la ley que en 2018 creó las Salas Constitucionales en cada uno de los departamentos.

Si la disposición es aprobada y entra en vigencia, será una de las primeras veces que en la justicia boliviana un administrador judicial opte por un cargo que tiene fecha de inicio, pero que no tiene fecha de fin de gestión.

La ley aprobada por los senadores mantiene a los jueces constitucionales como autoridades que no pueden ser recusadas, como ahora ocurre con los vocales que tratan esta materia.

Sin embargo, establece que ante la posibilidad de que el juez constitucional cometa alguna falta y esta sea resuelta por una instancia que debe crear el Tribunal Constitucional Plurinacional, la apelación de este fallo será conocido por un jurado que designarán los representantes políticos que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La norma busca anular las Salas Constitucionales Departamentales, que hace cuatro años fueron introducidas por el MAS a través de su mayoría legislativa, en un momento pre electoral y cuando en dos casos puntuales las decisiones constitucionales han ido en contra de las intenciones del partido que ejercicio el poder político por 14 años.

Una de estas acciones que salieron en contra del MAS fue la decisión de una Sala Constitucional de La Paz, que negó la posibilidad de que el expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina desde el año pasado cuando huyó del país junto a Álvaro García Linera y otros exministros, sea presentado como candidato a primer senador por Cochabamba.

Una segunda decisión que debe salir de estas instancias, que ahora la mayoría masista en la Asamblea Legislativa Plurinacional quiere cambiar, es la acción popular sobre la anulación de la sigla del MAS, que piden sea retirada de la próxima contienda electoral nacional.

La disposición que hace una serie de modificaciones dentro de las leyes nacionales, les quita la jerarquía a los vocales constitucionales departamentales y los convierte en jueces, aunque la ley aprobada por los senadores señala que, pese a este cambio, estos juzgadores constitucionales recibirán un salario similar al de los vocales que hay en los tribunales departamentales de justicia.

Además, la ley crea para el Tribunal Constitucional Plurinacional una Sala de Admisión, que se convierte en un filtro de las apelaciones que pueden nacer a las decisiones de los jueces constitucionales, ya que aquí se decidirá si un reclamo pasa a ser analizado por alguna de las salas en Sucre.