La fiscalía los citará en calidad de testigos. El caso se investiga por el delito de evasión. La fuga de los dos brasileños se registró en la madrugada del martes.

15 de junio de 2022, 13:31 PM
15 de junio de 2022, 13:31 PM

Por el delito de evasión, la Unidad Especializada de Anticorrupción del Ministerio Público investiga la fuga de dos peligrosos reos que burlaron la seguridad de la cárcel de Palmasola la madrugada del martes, 14 de junio.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, indicó que el Gobernador de Palmasola, coronel Nicanor Corcuy, sentó una denuncia por la fuga de los dos reclusos brasileños. En tal sentido, la unidad de análisis abrió una investigación sobre  las dos personas que fugaron, y otra para saber si  personas internas y externas del penal están involucradas en la fuga.

"Se tendrá que citar a todas las personas que tengan que declarar en este hecho, en primera instancia en calidad de testigos. Deben declarar: el Gobernador de Palmasola, el encargado de Seguridad de la cárcel, policías y civiles. Si dentro de las investigaciones se establece la participación de civiles, policías o particulares, tengan la seguridad que irán a parar a la cárcel", manifestó Mariaca.

Detalló que el fiscal asignado al caso determinará quiénes habrían participado de manera material, intelectual o en grado de complicidad en la fuga de los dos peligrosos reos.

Se busca determinar cómo ocurrió la fuga, cómo burlaron el control en este pabellón, considerado uno de los más seguros del país, quiénes eran los policías de turno que custodiaban los predios, entre otros. También se verificará qué personas visitaban a los dos brasileños en el penal, el flujo migratorio que tenía, con quiénes viajaban y quiénes son sus allegados.

Recordó que los fugitivos, Emerson Michael da Silva Benjamín y André Xavier da Rocha, estaban recluidos en el PC-7, tras ser imputados por el delito de asesinato de Wilson Ledezma Rea, en Minero, en marzo de este año.

"Son personas muy peligrosas, estaban con detención preventiva con 180 días por el delito de asesinato y portación ilícita de armas, no hablamos de personas que cometieron delitos patrimoniales o delitos menores, sino de asesinato", recalcó Mariaca.

Por otra parte, aseguró que el Ministerio Público ofrecerá las garantías necesarias para la familia de la víctima, así como también para su abogado.