El cambio de guardia en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz llegó ayer con 22 relevos y no fue al 100% como lo anunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Esa unidad cuenta con 130 efectivos en el departamento.

Mientras se realizaba ese ajuste, en La Paz, el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, admitió que existe una “red de malos funcionarios” que están conectados “con una red delictiva” en la que participan uniformados.

La explicación responde a la denuncia en la que figuran jefes policiales implicados en la “receptación” y comercialización de vehículos robados en Chile. El escándalo estalló tras la difusión de un reportaje en el canal Meganoticias del vecino país y que mostró la recuperación de un vehículo en Santa Cruz que estaba en poder del coronel Raúl Cabezas, quien fue jefe de la frontera en Potosí.

Otro jefe policial fue implicado en la negociación de una camioneta robada en un mercado de automotores de Yapacaní. Se trata del coronel Rolando Téllez, quien fue hasta esta semana subdirector en Diprove. El oficial aludido negó todos los cargos y se ofreció a colaborar en la investigación.

“Hemos visto denuncias en diferentes lugares donde esos vehículos vienen con las placas clonadas y tienen todos los certificados de inspección vehicular (que otorga la Policía) y tienen todo legal entre comillas. Hay toda una red de malos funcionarios que están también en una organización delictiva”, dijo Daniel Vargas.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), exigió al ministro Del Castillo y al alto mando de la Policía, depurar la institución encargada de la seguridad interna del país.

“Es una vergüenza nacional por el daño que han provocado algunos malos funcionarios. Estamos pidiendo al Ministerio de Gobierno que (identifique) a todos aquellos que tienen que ver con esta mafia corporativa organizada deben ser directamente alejados; no solo suspendidos sino dado de baja como corresponde”, afirmó.

Intervención

Los cambios en Diprove comenzaron con el mando operativo de la entidad. El inspector de la Policía Boliviana, el general Álvaro José Álvarez, entregó ayer los memorándums de designación al coronel Carlos Alcázar como nuevo director y al teniente coronel Fortunato Cruz, subdirector.

Ni Castillo ni el comandante nacional, Jhonny Aguilera, llegaron a Santa Cruz para el inicio de la intervención a la unidad que está a cargo de la recuperación de vehículos robados en Santa Cruz.

El inspector de la Policía dijo que con los cambios se va a “oxigenar” la institución y se dará un giro a la imagen dañada por las denuncias en contra de algunos oficiales. Consultado por el anunciado ajuste del 100%, el inspector señaló: “Este cambio se va a dar, es un proceso que tiene que ser llevado en el tiempo en mérito a que servidores públicos policiales están llevando casos, investigando casos que tienen que ser concluidos y presentados ante la autoridad jurisdiccional pertinente. Esos casos tienen que ser esclarecidos, es tarea del nuevo director departamental llevar adelante este cambio progresivo”, sostuvo.

Mamani consideró que, si bien se ejecutan estos cambios en Santa Cruz, el problema de la imagen de la Policía es nacional. Reveló que “se viabilizarán todas las peticiones de informe” que legisladores, opositores y del oficialismo, le enviaron para que responda el ministro Del Castillo. “La imagen de la Policía nos preocupa”, dijo.

Por su lado, Santos Mamani, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados planteó “la refundación de la Policía Boliviana” debido a los escándalos de corrupción con denuncias de narcotráfico y, ahora, con el robo de vehículos.

“El problema ya no es de forma, es de fondo. Se debe crear el Centro de Investigación Plurinacional (CIP), una especie de FBI, para que haga investigaciones efectivas, porque resulta que ahora, es la propia Policía que se investiga”, argumentó el diputado Mamani.

Además, propuso suscribir un acuerdo entre Bolivia y países vecinos para combatir el contrabando, el tráfico de personas, el narcotráfico y otros delitos de manera conjunta. Mamani dijo que se espera una participación más activa de la Cancillería para logar acuerdos de cooperación con los gobiernos de los países vecinos.

Bolivia y Chile firmaron hace un año una hoja de ruta que plantea una agenda para frenar los delitos en la frontera. El temario fue ratificado con la llegada de Gabriel Boric al Palacio de La Moneda.

El viceministro Vargas señaló que también existe responsabilidad en carabineros de Chile que dejan pasar los vehículos indocumentados y el contrabando y “se hacen de la vista gorda”.